El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de les Illes Balears (CERMI IB) ha exigido al Ayuntamiento de Palma que se eliminen las barreras que las personas con discapacidad están encontrando en la ‘nueva normalidad’ para poder disfrutar en igualdad de condiciones de las playas de la capital balear, a raíz de las quejas recibidas de personas integrantes de esta plataforma por los impedimentos encontrados para acceder a este recurso de ocio como el resto de la ciudadanía.

Destacan que, más allá de las limitaciones de aforo para guardar la distancia social, como el conjunto de la ciudadanía, quienes requieren de algún tipo de apoyo en el entorno playero han de avisar con varios días de antelación para poder acudir a disfrutar de la costa. Algo que -entienden- “atenta contra el sentido común” y contra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lamentan también que se les esté denegando a personas con discapacidad, en determinados momentos, el acompañamiento para el baño, cuando -afirman- las entidades de la discapacidad “estamos prestando servicios de atención adaptándonos a la nueva normalidad”, y las compañías concesionarias de los servicios de acompañamiento al baño deberían -entienden- “hacer lo mismo, con las medidas de precaución pertinentes para evitar el contagio de la covid-19”.

Se critica igualmente la falta de apoyo para la transferencia de la silla de ruedas ordinaria a la que se emplea para el baño en el caso de personas con movilidad reducida (PMR), conocida como ‘silla anfibia’, y se reclama que se reestablezca el acompañamiento a personas con discapacidad visual en los arenales locales.

El CERMI IB ha hecho llegar estas reivindicaciones al Consistorio de Palma y al resto de ayuntamientos de la comunidad autónoma y exige que se solucionen los problemas que se están dando con carácter inmediato para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, ya que el ocio es un principio consagrado en la Convención Internacional de la Discapacidad, y de obligado cumplimiento, en consecuencia, por todas las Administraciones.