Un amplio estudio de Plena Inclusión evidencia la necesidad de extender la figura de los ‘facilitadores’ para asistirlas cuando acuden ante los tribunales como acusados o víctimas 

La discapacidad intelectual sólo se tiene en cuenta en tres de cada 10 procesos judiciales que involucran a una persona con estas características, según se desprende del informe preliminar elaborado por la Confederación Plena Inclusión España. El estudio, bautizado con el título 'A cada Lado', está fundamentado en el análisis de 743 casos vistos por nuestros tribunales y en los que estaban implicados ciudadanos con discapacidad intelectual o trastornos generalizados del desarrollo.

Así, se habría tenido en cuenta y se habrían adoptado medidas de adaptación a esta circunstancia tan sólo en el 31,5 % de estos procesos judiciales. Dato que -según la agencia Servimedia- ha movido a asociaciones, expertos y familias a solicitar una regulación de la figura del ‘facilitador judicial’ en nuestros tribunales, de modo que, siempre que una persona con discapacidad intelectual se vea envuelta en este tipo de procesos, sus derechos queden garantizados. "Es una cuestión de equidad”, ha señalado al respecto la responsable jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz, entidad que agrupa a más de 900 asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de nuestro país. "Igual que una persona sorda tiene asegurado por ley el apoyo de un intérprete de lengua de signos si lo requiere, es de justicia que alguien con discapacidad intelectual reciba las adaptaciones que precisa para entender el proceso y poder manejarse en él, en igualdad de condiciones", explicó.

Un modo de terminar con un statu quo actual en el que queda a la discrecionalidad de los jueces y otros operadores jurídicos la posible intervención de estos profesionales de mediación convirtiéndolos en una figura estándar.

Además, recuerda Araoz, "hoy por hoy esta participación se suele limitar a los casos en los que la persona con discapacidad es la víctima... Por lo general, procesos penales, y en el resto de casos, cuando por ejemplo las asociaciones deciden intervenir al detectar un problema, solemos llegar cuando ya ha empezado todo".

Por otro lado, asociaciones del sector y expertos jurídicos recuerdan que esta iniciativa viene exigida por la letra de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ya recoge la obligación de proporcionar los ajustes de procedimiento necesarios a estas personas; y que en 2013 la Comisión Europea dictó una recomendación que instaba a los Estados miembros a reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados que no puedan comprender ni participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condición mental o física o sus discapacidades.

Trabajo de campo

Un ejemplo práctico de este reto de atención procesal es el de María García, integrante del Equipo de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo como una de los 10 ‘facilitadores’ de Plena Inclusión La Rioja. "Entre los 10, desde que arrancamos en 2015 hemos atendido a 54 víctimas, pero también a 13 agresores y tres testigos", explicó a Serviemdia.

Aunque reconoce las iniciales reticencias hacia su tarea ("muchos pensaban que íbamos a actuar de parte y a contaminar el proceso", explica), asegura que poco a poco "se va entendiendo mejor nuestro trabajo y nos llaman más desde los mismos juzgados".

Su labor abarca misiones muy variadas: la adaptación de documentos a lectura fácil, la recogida de testimonios, el asesoramiento a agentes policiales y judiciales, la disposición de posibles ayudas técnicas necesarias o la reorganización de los tiempos... "Si, por ejemplo, tenemos conocimiento de un abuso a través de nuestro trabajo en las asociaciones o porque las víctimas se dirigen a nosotros, lo primero que hacemos es recoger su testimonio (siempre grabado, por supuesto) -comenta la facilitadora-, le ofrecemos la información disponible sobre los escenarios que se le plantean y le damos tiempo para que decida qué hacer... Incluso si es preciso les acompañamos a Urgencias, a recoger un parte de lesiones, a buscar un nuevo domicilio, etc. Lo que haga falta", recalca.

La labor varía cuando se trata de un agresor o un testigo, casos en los que suele ser el sistema quien acude a ellos, para que les asistan y orienten en sus declaraciones ante el juez o la policía. Su prioridad ha de ser evaluar las necesidades específicas de la persona con discapacidad intelectual atendida para determinar los ajustes que requiere. "Hay que determinar su capacidad de comprensión, deducir si puede establecer una relación de acontecimientos temporales, si posee o no memoria visual, cómo utiliza el lenguaje, si precisa descansos frecuentes, si encadena sucesos de forma lógica... En definitiva, ver qué necesita para enfrentarse a todo el proceso judicial supone y asegurarse de que entienden y comprenden lo que les está sucediendo y lo que puede ocurrir después", detalla María García. Y aclara: “eso sí, nosotros no sustituimos a nadie... No somos ni abogados, ni jueces, ni psicólogos ni peritos. Somos simples profesionales muy especializados en discapacidad intelectual y en apoyo a víctimas para que tengan las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía".