“Estamos en la casi total incertidumbre sobre cómo será de verdad la vuelta al curso escolar... Presencial, semipresencial o si se mantendrá la educación, forzosamente, a distancia”, ha manifestado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez. El Comité estima vital primar en lo posible la ‘asistencia física’ de los menores con discapacidad, “siempre con el acuerdo de la familia”, y que -cara a posibles cierres de centros escolares- se garantice la distribución de dispositivos tecnológicos accesibles.

En declaraciones a la agencia Europa Press, Pérez Bueno valora a estos efectos la necesidad de diseñar ya para este curso 2020-2021 nuevas herramientas como la creación de ‘bancos de préstamos’ para adquisición de material tecnológico; asegurar la accesibilidad también de los canales, materiales y métodos de evaluación; e impulsar actividades de ocio online que favorezcan la interacción del alumnado con discapacidad con el resto de estudiantes.

En este contexto, la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI ha elaborado un documento en el que formula una serie de propuestas para que, en el nuevo curso, se corrijan los desajustes y carencias detectados en el último trimestre escolar del pasado curso, en plena pandemia del coronavirus. Su presidente  denuncia el “abandono” que, en general, han sufrido los alumnos con discapacidad durante la pandemia, como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales, matizado en el caso de los alumnos con ceguera y discapacidad visual grave, gracias a la atención directa prestada por los equipo de apoyo de la ONCE. “El alumnado con discapacidad ha sufrido más intensamente los efectos de la suspensión de actividades escolares y lectivas”, asegura Luis Cayo Pérez, que recuerda que estos estudiantes “necesitan, en muchos casos, más apoyos docentes, psicológicos, psico-educativos y sociales, de los que se han visto privados”.

Hace hincapié igualmente en el “sobresfuerzo” que ha supuesto para las familias, de cara a suplir, hasta donde podían, “la ausencia de apoyo educativo que se les venía dando en las aulas”. Por eso denuncia “la desorientación, la falta de información y de seguridad” sobre el inminente retorno a las aulas. Circunstancia que se agrava por la total ausencia de uniformidad en los criterios de cada Comunidad Autónoma, echando en falta unas ‘directrices básicas’ por parte del Ministerio de Educación, acordadas con las comunidades autónomas.

Propuestas efectivas para el nuevo curso

Es en este contexto que el CERMI pone sobre el tapete una serie de propuestas para ser implementadas en esta conflictiva y complicada vuelta al cole en todo el país.

En la modalidad presencial, la entidad pide que a en el arranque del curso se evalúe la situación de cada estudiante con discapacidad y se valoren los perniciosos efectos que hayan podido producirse estos últimos meses de forma multidisciplinar (profesorado ordinario y personal especializado), atendiendo también a las familias.

Por otro lado, insta a crear un cuerpo de profesores itinerantes para que ayuden presencialmente al alumnado con discapacidad que lo precise en su hogar en caso de un nuevo confinamiento, y reforzar la coordinación entre profesorado, personal de apoyo, estudiante y familia.

La sustitución inmediata del profesorado en caso de ausencia; mantener la implicación del profesorado ordinario, sin que supla su papel el personal especializado de apoyo; ofrecer en formatos accesibles y comprensibles la información de lucha contra la pandemia y para evitar contagio de covid-19; dar continuidad a la atención individualizada, ya sea en enseñanza presencial u online; y atender las necesidades emocionales y de salud mental del alumnado y familias son otras demandas de la entidad.

En materia de violencia, solicita reforzar los programas contra el acoso escolar; tener en cuenta la situación de mayor vulnerabilidad de las niñas y adolescentes; impulsar planes de lucha contra el suicidio; fortalecer las acciones para detectar y sensibilizar acerca de casos de violencia y abusos, ya sea en el entorno escolar, familiar y otros.

Finalmente, pide la publicación de guías para la atención a familias en situación de vulnerabilidad, así como planes de apoyo para el alumnado con discapacidad en todo el territorio español, teniendo en cuenta la coordinación entre Estado, comunidades autónomas, profesorado, familias, alumnado y organizaciones de la discapacidad.