El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) apoya el anuncio, que realizó el pasado 8 de septiembre la vicepresidenta 1ª del Gobierno, Carmen Calvo, de reactivar este año en las Cortes el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución española, dedicado a las personas con discapacidad, para alinearlo con 'la visión vigente de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos'.

Sería la primera reforma social de la Constitución, en sus más de 40 años de vigencia, y se centraría en el precepto consagrado a las personas con discapacidad, aunque con un enfoque y una terminología que eran propios de los años 70 del siglo pasado, hoy amortizada y no compatible con la actual perspectiva cristalizada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (0,23 MB).

Los trabajos de preparación de esta reforma constitucional han sido desarrollados por el Gobierno y el Congreso de los Diputados en estrecho e intenso diálogo con el CERMI, plataforma cívica que planteó esta reivindicación y llevó este asunto a la agenda política y legislativa. El CERMI espera una pronta remisión al Parlamento del texto de reforma del artículo 49, en los términos que él mismo ha acordado con la Administración, y desplegará una tarea de incidencia e interlocución para que se apruebe con el máximo consenso posible de las fuerzas políticas.

En el Consejo de Desarrollo Sostenible

Por otro lado, el CERMI tendrá presencia en el Consejo de Desarrollo Sostenible con una vocalía, en representación del sector social de la discapacidad. Así lo establece la Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según esta normativa reguladora, el Consejo de Desarrollo Sostenible es un órgano colegiado que se constituye con la finalidad de ser un órgano asesor, de colaboración y cauce de la participación de la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, ambos campos de desarrollo imprescindibles para la Unión Europea.

El Consejo estará adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría de Estado para dicha Agenda. En cuanto a sus funciones, se señalan las de asesorarla en la elaboración e implementación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030 y la de generar documentos y análisis sobre aspectos y ámbitos a desarrollar para materializar sus objetivos.

La orden reguladora concreta que el Consejo tendrá como tareas la de contribuir a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al conjunto de la ciudadanía española, así como la de impulsar el diálogo y coordinación entre todos los agentes sociales, económicos, medioambientales y culturales para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.