Las mujeres con discapacidad exigen reacción a los poderes públicos “ante el alarmante dato de violencia de género que sufren”, a tenor de las cifras reveladas por la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, presentada este 10 de septiembre por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. El informe evidencia que el 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de su pareja, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad. La presentación se produjo el mismo día en que una mujer con discapacidad moría, presuntamente, a manos de su pareja en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Exigen, por todo ello, de los poderes públicos una reacción acorde con la gravedad de esta estadística. Y es que la Macroencuesta refleja que, en España, una de cada dos mujeres de 16 o más años ha sufrido algún caso de violencia física, sexual o acoso. En cuanto a casos de violencia física o sexual por parte de alguna de sus parejas, lo reflejan un 13,8% de las mujeres en general pero el dato se eleva a ese 20,7% entre las mujeres con discapacidad, diferencia que debe hacer reflexionar a las y los responsables políticos de nuestro país.

Esta realidad deriva, además, distorsiones en la vida cotidiana del colectivo; así, un 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas aseguran que su discapacidad es consecuencia de la violencia que ha sido ejercida sobre ellas (9,8% entre las que la han padecido de su pareja actual y un 19,7% en el caso de la violencia de parejas anteriores).

Condición estructural y problemas de accesibilidad

La encuesta evidencia que esta violencia ejercida contra las mujeres tiene, en consecuencia, un carácter estructural que se ceba muy particularmente en el caso de las mujeres con discapacidad: “cada asesinato de una mujer, cada golpe, cada denuncia presentada por violencia de género es un asunto de Estado y así debe ser abordado por los poderes públicos”, asegura el movimiento asociativo de mujeres con discapacidad.

Por ello propone medidas como elaborar una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, que permia valorar las vigentes medidas legislativas, administrativas y políticas para reenfocarlas a su protección específica y a iniciativas enfocadas a su recuperación. Ello implica valorar los riesgos y los factores de vulnerabilidad concretos que les afectan, entre ellos factores como la incapacitación legal con que se les castiga doblemente en determinados casos, la institucionalización de su vida cotidiana en otros y, con carácter general, la habitual ligazón a la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.

Se reclaman también protocolos de coordinación entre los actores involucrados en el problema de la violencia machista: los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones especializadas en la materia, entre ellas las que conforman el movimiento asociativo de la discapacidad -y en concreto las organizaciones de mujeres con discapacidad- que  pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental.

De igual modo, piden que se garantice la accesibilidad universal de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados, y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, pues se trata además de un mandato establecido en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género.

El desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad previsto en el Pacto de Estado; el impulso de acciones de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sanitarios y servicios sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad; la inclusión de la variable de discapacidad en todos los registros oficiales sobre violencia de género, y la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, que recoja otros tipos de violencias machistas no contempladas en la legislación actual, como las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual o las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos, que deberían estar prohibidos en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas y del Convenio de Estambul, son otras demandas expuestas.

Las organizaciones de mujeres con discapacidad  también reivindican el reconocimiento legal de un modelo basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones este colectivo que así lo requieran, dejando atrás definitivamente el modelo basado en la modificación de la capacidad jurídica, “que aparece como un obstáculo insalvable a la hora de defender sus propios derechos y acceder a la justicia”.

En definitiva, afirman, “reclamamos el cumplimiento del Convenio de Estambul, la legislación estatal vigente y de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotándolo del presupuesto necesario para que sea una realidad y no un mero papel mojado”.

Documento íntegro de la Macroencuesta (5,68 MB)

Condena al asesinato de Jerez y más medidas contra la violencia

Precisamente un día después a la presentación de esta Macroencuesta, el 11 de septiembre, la  Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) condenaban el asesinato un día antes de una mujer con discapacidad en Jerez de la Frontera (Cádiz) presuntamente a manos de su pareja. Ambas entidades exigieron al Gobierno y a todas las administraciones que adopten medidas específicas para erradicar la violencia contra las mujeres con discapacidad.

Los hechos ocurrieron la misma jornada en la que se hacía pública la citada  ‘Macroencuesta, en la que se pone de manifiesto la altísima vulneración que tienen las mujeres con discapacidad frente a la violencia machista tanto en el entorno de pareja como fuera de ella, pero sin embargo no se contempla la estadística de mujeres con discapacidad asesinadas.

Para ambas entidades, que el el 80% de las mujeres con discapacidad sean víctimas de algún tipo de violencia y una de cada cuatro mujeres que han vivido violencia física o sexual han adquirido su discapacidad por las agresiones de sus parejas son datos lo suficientemente graves como para que los poderes públicos implementen medidas específicas para la erradicación de la violencia machista,  teniendo en cuenta a las mujeres y niñas con discapacidad y estableciendo procedimientos especializados para asegurar su protección ante cualquier tipo de violencia ejercido hacia ellas.

CEMUDIS expone particularmente que las mujeres y niñas con discapacidad son más vulneradas puesto que en su caso la violencia se presenta en múltiples contextos (institucional, sanitario, familiar, social, etc.), muy especialmente cuando ésta es ocasionada por parejas o personas del entorno familiar convivientes, ya que están más expuestas a las agresiones, se depende del cuidador y no disponen de mecanismos de defensa y protección que sean accesibles universalmente para prevenir, denunciar o pedir ayuda.

Por otro lado, habitualmente las mujeres con discapacidad que desean denunciar situaciones de violencia se encuentran con dificultades añadidas como la falta de credibilidad de sus testimonios, las dificultades de comunicación, los estereotipos sociales preexistentes, a la subjetividad de la interpretación de los hechos cuando la denunciante es una mujer con discapacidad, a la dependencia respecto de una tercera persona o el menor acceso a la información para ejercer sus derechos, y falta de accesibilidad universal a los recursos específicos de las mujeres víctimas de violencia, entre otros.

Encarnación Rodríguez, secretaria de Mujer e Igualdad de COCEMFE se lamentaba de  “llevar un año especialmente duro en cuanto a la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Hemos visto cómo la pandemia ha recrudecido estas situaciones, cómo mujeres han adquirido una discapacidad por las agresiones de su maltratador y cómo el Gobierno aprobaba medidas contra la violencia machista sin tener en cuenta nuestras necesidades”. Y  recordaba que “toda normativa aprobada debe tener en cuenta de forma transversal la perspectiva de discapacidad y de género y combatir desde una perspectiva interseccional las situaciones de discriminación a las que nos vemos sometidas las mujeres y niñas con discapacidad para defender y conseguir  nuestros derechos”.

Por ello, COCEMFE reclama la puesta en marcha de medidas dirigidas a incrementar la protección de las mujeres y niñas con discapacidad contra toda forma de violencia, a garantizar su acceso a la justicia y a recibir una asistencia especializada. Además, la entidad reitera la necesidad de incorporar la perspectiva de la discapacidad en todos los planes contra la violencia machista del país, de que todas las autoridades sean conscientes de su gravedad y de impulsar la recogida de información estadística específica sobre este problema. En este sentido, la Macroencuesta,  a pesar de suponer un avance en el conocimiento estadístico de la violencia sobre las mujeres con discapacidad, a juicio de COCEMFE debería incorporar una mayor desagregación de datos en relación a las mujeres de este grupo social.

“La prevención es la parte más importante para evitar casos de violencia machista, por lo que reclamamos que se doten recursos específicos de prevención suficientes para que desde todos los ámbitos de intervención se implementen mecanismos para detectar estas situaciones de violencia machista y para proteger a las víctimas de su agresor o agresores”, afirma Marta Valencia, secretaria general de COCEMFE .

Las mujeres y niñas con discapacidad, están más expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores. Además, en todos los tipos de violencia la incidencia sobre las mujeres con discapacidad es superior a la ejercida sobre las mujeres sin discapacidad, ya sea psicológica, física, económica, sexual, estructural, obstétrica o cultural.

Entre las causas de la especial vulneración de las mujeres  con discapacidad frente a la violencia se encuentran una menor capacidad para defenderse; mayor dificultad para expresarse; menor credibilidad en su relato; menor acceso a la información, asesoramiento y a los recursos de forma autónoma; mayor dependencia de terceras personas; más dificultades de acceso al trabajo remunerado y a la educación; menor autoestima y menosprecio de su propia imagen; miedo a perder los vínculos que le proporcionan cuidados; y menor independencia y mayor control económicos.