El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha urgido al Parlamento y al Gobierno a ahondar y extender una ‘fiscalidad inclusiva con las personas con discapacidad’, pues -en su opinión- “un sistema tributario, bien diseñado, con rostro social, puede y debe ser un potente resorte de inclusión”, según ha manifestado su presidente, que lo es también de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez. Lo hizo en el marco de la jornada ‘Fiscalidad y Discapacidad’ organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), a fin de examinar la posición de las personas con discapacidad y sus familias en el ordenamiento tributario.

“La política fiscal tiene mucho que decir y aportar a la inclusión, la autonomía y la participación comunitaria de las personas con discapacidad, ya que la acción positiva en el ámbito tributario genera cambio social positivo”, destacó Pérez Bueno. El colectivo, reclamó, ha de constituirse en ‘sujeto prioritario’ de esta fiscalidad inclusiva, pues coinciden en sus circunstancias condicionantes como una habitual renta inferior a la media, así como un mayor número de gastos puramente asociados a esta condición de discapacidad: “estos dos factores que constituyen un binomio diabólico que castiga en líneas generales a las personas con discapacidad”, aseguró, al tiempo que reivindicaba favorecer en consecuencia la variable de discapacidad en las liquidaciones fiscales.

La jornada estuvo promovida por la Sección de Discapacidad del ICAM, cuya dirección y coordinación tiene encomendadas Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo de General de la ONCE y de la Fundación Derecho y Discapacidad.