Presentan un estudio sobre las medidas de los gobiernos del área para mitigar el impacto en la salud, la educación, el empleo o la protección social de una población de 90 millones

El Grupo Social ONCE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han presentado el estudio “Mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana” (0,79 MB), que analiza el impacto de la covid-19 entre los 70 millones de personas con discapacidad de América Latina y el Caribe, y aporta soluciones para proteger sus derechos y asegurar su inclusión en la sociedad.

Este informe, realizado en el marco del proyecto Políticas y Programas para Jóvenes con Discapacidad en América Latina y el Caribe (implementado por la CEPAL y el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas), ha sido presentado de forma virtual en un webinario, y pretende arrojar luz sobre las medidas que los gobiernos están implementando para enfrentarse a la crisis y analizar si incluyen las necesidades de la población con discapacidad.

Elaborado en base a la respuesta de las personas con discapacidad y sus familias, de 15 países latinoamericanos, el estudio trata de encontrar información en áreas clave como la salud, la educación, el empleo y la protección social. “Consideramos que es importante empezar a generar información sobre lo que está sucediendo con las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia”, señala Heidi Ullmann (0,46 MB), oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL y una de las autoras de este trabajo.

Ullmann subraya  (0,21 MB) que este documento debe servir para “generar una discusión sobre las medidas que se han de implementar para asegurar la inclusión y proteger los derechos de las personas con discapacidad, tanto ahora como en el periodo de recuperación”.

Conclusiones

Como indica Sergio Meresman, (0,25 MB), el otro autor del estudio y coordinador del Área de Investigación e Innovación del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, el trabajo muestra que “aquellos países que han dado mayor visibilidad a las personas con discapacidad como destinatarias de las políticas públicas han tenido una mejor respuesta a esta pandemia, al aprovechar sus capacidades propias y lograr un mejor asesoramiento y orientación”.

Otro aspecto que destaca el documento son las acciones solidarias impulsadas en varias de estas naciones que muestran “la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad para identificar prioridades y llegar a las personas más vulnerables con ayudas a la alimentación, medicamentos o apoyo educativo para los más pequeños”, según Meresman (0,56 MB).

Por su parte, el director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE, Javier Güemes, ha reconocido (0,45 MB) que “sin saber cuáles son las circunstancias que han vivido las personas con discapacidad en los distintos países, no podemos buscar soluciones desde los poderes públicos u organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a estos grandes retos que tienen que ser previamente identificados”. Entre estos retos, Güemes ha subrayado que, en educación, “tenemos que ser capaces de encontrar los recursos necesarios para que, en estos tiempos de formación a distancia, las personas con discapacidad también puedan acceder a ellos”. En materia de salud, “los proveedores de servicios deben tener capacidad para impulsar la atención temprana y que los cuidados sean efectivos a través de métodos como la teleconsulta, donde hay que asegurar que no exista ningún tipo de barrera”.

Además, las nuevas formas de empleo “tienen que intentar preservar a las personas con discapacidad en sus medios de vida, ya que el trabajo es el mejor sistema para que cualquier persona pueda vivir en la comunidad en un régimen de igualdad con los demás”, según Güemes, quien añadía que la protección social “requiere de más información y que se realicen los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad, que a veces tienen menos recursos, no deban afrontar mayores costes para vivir de manera igual en la sociedad”. 

Junto a él y los dos autores del estudio, también participo en el webinatio de presentación del estudio Ana Lucía Arellano, presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS).  Los cuatro coincidieron en señalar que es fundamental que cualquier política pública se haga en cooperación estrecha con las organizaciones de las personas con discapacidad, que deben aportar su conocimiento, experiencia y recursos en la materia, como asegura el propio Javier Güemes. (0,43 MB).

Jaime Mulas