El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de lo Mercantil de Toledo ha confirmado, a través de dos autos consecutivos, la apertura de la fase de liquidación para la correspondiente disolución de la Organización Impulsora del Discapacitado (OID). Esto supone el cese definitivo de todas las actividades de esta asociación (que incluye la venta del juego ilegal), así como la pérdida de la potestad de los miembros de su junta directiva como administradores de la misma. Una demanda que hace lustros venía reivindicando la ONCE.

La ONCE alerta de la continuación del juego ilegal con otra marca

El segundo auto judicial -de fecha 1 de septiembre de 2020- pone fin así al concurso de acreedores a que se enfrentó la OID y establece suspender la Junta de Acreedores fijada en principio para el 11 de este mismo mes, al -señala- “no haberse presentado dentro del plazo legal ninguna propuesta de convenio”, lo que da origen a la disolución y liquidación. A partir de ahí, según expresa el auto, “quedarán en suspenso las facultades de administración y disposición” de quienes entraron en concurso de acreedores e, igualmente, “se declara disuelta la sociedad Organización Impulsora de Discapacitados, OID, cesando en su función sus administradores”.

Sobre la OID

La OID se ha convertido en el mayor comercializador de juego físico ilegal en España a través de la venta de una lotería ilegal que genera unos ingresos anuales de alrededor de  57 millones de euros, según la Polícia Nacional.

Además, aparece en el listado de grandes deudores de la Agencia Tributaria con un importe de 86.136.150 euros, que incluye una sanción de 25 millones por parte del Ministerio de Hacienda por "fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería denominados 'Euroboleto, Euromillonario', 'Busca OID', 'Busca 25.000' y 'Superbusca 10 millones' en todo el territorio nacional, sin constancia de título habilitante ni nacional ni autonómico".

Para Hacienda, "la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de Internet".

Esta organización, que copia los cupones de la ONCE, utiliza sus sorteos y denigra la imagen de las personas con discapacidad, acumula más de 60 sentencias en su contra por vía administrativa entre los años 2014 y 2019, y suma unos 2.500 vendedores no regularizados en la Seguridad Social.

La ONCE, al lado de las personas con discapacidad

Tras conocerse la noticia, la ONCE valora positivamente el auto del juez y pide ahora su cumplimiento efectivo para tratar de paliar dos impactos graves de la actuación de la OID: el perjuicio que genera a los consumidores, que se enfrentan cada día a un producto ilegal en la calle y que logra ser vendido por similitud con los cupones de la ONCE; y el que supone para la imagen de las personas con discapacidad, a quienes utiliza sin ningún tipo de miramiento ni garantía, tal y como ha denunciado también reiteradamente el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En esta línea, la ONCE ha anunciado que ofrecerá a las personas con discapacidad vinculadas a la OID, y que cumplan los requisitos necesarios, la posibilidad de incorporarse a procesos formativos que les permitan acceder a salidas laborales profesionales. Además, advierte y denuncia la posibilidad de que los gestores de la OID traten de mantener su actuación de venta ilegal de juego modificando la actual marca y cambiándola por otra denominación, concretamente Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE), de la que se han detectado ya algunos boletos ilegales circulando. Y solicitará a las autoridades públicas el cumplimiento del auto de disolución de la OID así como que se impidan esas prácticas ilegales que puedan mantener el mismo 'modus operandi' en el mercado del juego.