Tiene una biografía plagada de éxitos, siempre de la mano de la dedicación y el esfuerzo. Como su trayectoria como destacado jugador de ajedrez. El afiliado a la ONCE Héctor Melero Martí (26 años), de Cullera (Valencia), cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Valladolid, y acaba de convertirse en el primer ciego español que supera la oposición a jueces y fiscales, gracias a los avances en la normativa de acceso a la judicatura que hasta 2014 vetaba a las personas con esta discapacidad para ejercer estas tareas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cambió esta normativa a instancias del Foro Justicia y Discapacidad, que defiende la inclusión, igualdad y tutela en materia legal y judicial. Y ahora Melero podrá ejercer como magistrado (al parecer optará por una plaza para el ministerio fiscal y habrá de completar su formación, por tanto, en el Centro de Estudios Jurídicos), tras varios años de dura y constante preparación de las oposiciones. Un proceso en el que el joven afiliado destaca siempre el permanente apoyo prestado por la ONCE con recursos materiales y humanos.

Héctor es ciego total de nacimiento, y su pionero éxito obligará -como ya preveía el acuerdo del CGPJ- a importantes avances en accesibilidad por parte de la administración de Justicia de nuestro país, que habrá de materializar las adaptaciones necesarias para una persona con discapacidad visual, acorde con lo que marque la Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

La incorporación de personas con discapacidad a estos puestos fundamentales para el sistema judicial viene a dar cumplimiento al artículo 49 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a implementar políticas de integración y garantía de igualdad de derechos para las personas con discapacidad. Así, el artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, en las convocatorias para el acceso a la carrera judicial, se reservará al menos un 5 % de las vacantes a personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siendo ésta la primera ocasión en que lo alcanza una persona con discapacidad visual grave; e igualmente obliga a disponer “las adaptaciones y ajustes razonables” para las necesidades del magistrado con discapacidad.

Respecto a las limitaciones que la discapacidad visual puede implicar para este ejercicio profesional, el CGPJ considera “excepcionales” los medios y pruebas “que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible”, y valoraba los medios tecnológicos hoy existentes para que cualquier documento resulte para ellas accesible.