Así lo manifiesta en una carta remitida a la ministra de Sanidad, Carolina Darias

El movimiento asociativo de la discapacidad en España ha instado al Ministerio de Sanidad a vacunar “sin más demoras” a todas las personas con discapacidad y a ser consideradas “prioritarias” en la estrategia de vacunación.

 El  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que explica que “las personas con discapacidad parten de una situación de salud y social que las expone más intensamente a los efectos adversos de la enfermedad”. En este sentido, abogan por que cuenten con una “posición de protección preferente”.

En línea con la campaña que el Grupo Social ONCE realizó el mes pasado en el seno de la XXVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Andorra, el CERMI alega en este escrito que de los 4 millones de personas con discapacidad que hay en España, según fuentes estadísticas oficiales (INE, 2008), 2,5 millones superan los 65 años. En este sentido, se congratula de que estas personas ya hayan entrado en los criterios de vacunación por edad y que otras ya estén vacunadas o en proceso, por estar institucionalizadas o por poseer, permaneciendo en su domicilio, el grado III de dependencia.

Sin embargo, la plataforma reivindica la necesidad de hacer hincapié en el grupo de personas con discapacidad que aún no están vacunadas por criterio de edad. Por ello, defienden que “su situación de discapacidad debe ser considerada” puesto que supone “una desventaja acusada en términos de salud y sociales que los poderes públicos, y los sanitarios, deben atender y responder con decisiones para ajustarse a la realidad de partida”.

De esta manera, según el CERMI, “se repararía así una omisión dolorosa que genera malestar y desafección en miles de personas y de familias” puesto que han sido las que “más devastadoramente han sufrido el impacto de la pandemia”, sobre todo en la primera ola, tanto en pérdida de vidas como en secuelas una vez contagiadas.

Por todo ello, desde el CERMI demandan que se adopte la resolución de que todas las personas con un grado de discapacidad superior al 33% sean “incorporadas con la máxima urgencia a esta estrategia”.