España se convierte en el tercer país, después de Francia y Portugal, en ratificar la Carta Social Europea Renovada en todas sus disposiciones

La ratificación por parte de España a la Carta Social Europea, que entró en vigor el 1 de julio en el ordenamiento jurídico español, es un “hito” para la aplicación de los derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otras.

Es la conclusión principal del webinario ‘La Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales’, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Para el secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez, la Carta Social Europea revisada es el tratado social “más importante para el reconocimiento de los derechos sociales”.

“Los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados e irreversibles”, declaró.  De ahí que, en su opinión, la ratificación de esta Carta suponga “un compromiso profundo en la erradicación de la pobreza y el reconocimiento de un estatus social a la altura de Europa. Esta ratificación es el inicio en nuestro compromiso con las organizaciones del Tercer Sector”, concluyó.

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Europeos, Relación con el Tercer Sector y Movimientos Sociales de EAPN-ES, Sali Guntín, se refirió a esta Carta Social como “la Constitución de lo social en Europa” porque, según ha dicho, “supera a todos los instrumentos existentes en la Unión Europea en materia de derechos sociales y tiene esa capacidad protectora que quieren tener las Constituciones”.

Guntín considera que esta ratificación “llega en el momento oportuno”, sobre todo, por la situación que estamos viviendo, “con un aumento de la situación de pobreza y de exclusión social, de la desigualdad de género, de la pobreza infantil y de la precariedad en el empleo, entre otros”.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, también aseguró que dado que “la única fórmula para asegurar el bienestar y la inclusión son los derechos”, esta Carta permite, en su opinión, desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales y es, además, un “nuevo garante para las personas con discapacidad”. “Un gobierno responsable no puede permanecer impasible a la desigualdad y debe luchar para que nadie quede atrás”, dijo.

Durante la celebración del webinario, María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCLM y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, expuso que la Carta Social es un “punto y seguido” en materia de derechos sociales. Por lo que llamó la atención sobre una serie de objetivos a alcanzar tras esta ratificación, entre ellos el establecimiento de un procedimiento de reclamación individual, la creación de un Tribunal Europeo de Derechos Sociales, la inclusión de nuevos derechos sociales en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la ampliación de la protección de las personas ante los retos derivados de los procesos de digitalización, de la economía o de la crisis medioambiental, y el perfeccionamiento de la capacidad de intervención de los interlocutores sociales a la hora de aplicar el procedimiento de la Carta Social Europea.

Los expertos participantes en la jornada, entre ellos el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, Rafael de Lorenzo, que moderó un debate participado por la vocal asesora para Asuntos del Consejo de Europa y OSCE de la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, María Victoria Scola; la responsable de Área de Derechos Sociales de UGT, Gemma Ramón; la doctora en Derecho y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Patricia Cuenca; y la presidenta de Help Age España, Isabel Martínez.

Los participantes coincidieron en la necesidad de que España haya ratificado ya la Carta Social Europea de Derechos Sociales, lo que  supone un “gran logro” en esta materia y un “instrumento clave” que permitirá el desarrollo de medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales.

Las ponentes situaron la Carta Social como la “nueva constitución social de Europa” y “la salvaguarda de los derechos de lucha contra la pobreza y la exclusión social”. Para el  presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, la ratificación de esta Carta supone un “revulsivo que nos puede ayudar a mejorar las políticas nacionales, actualizar nuestra agenda política y plantear una reforma constitucional para que los derechos sociales tengan el carácter de fundamental”.

La Carta Social Europea revisada es un instrumento de capital importancia en materia de derechos en el entorno laboral y social, por lo que su incorporación al ordenamiento jurídico es fundamental, ya que va a ser la base jurídica desde la que se mejore la aplicación de derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otras.