Durante unas jornadas organizadas por el CERMI, Fundación ONCE y Fundación Aequitas-Consejo General del Notariado en el Congreso de los Diputados

Expertos en Derecho y discapacidad destacaron el 13 y 14 de diciembre el consenso entre los grupos políticos en el Congreso y el Senado para aprobar la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; al tiempo que pidieron a la sociedad colaboración para hacer efectivo este cambio legislativo “que sitúa a España en la vanguardia en Derecho de la discapacidad”.

Así lo hicieron en la jornada ‘La nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica' que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, y que organizaron la Fundación Aequitas-Consejo General del Notariado, Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Dicha ley, que se publicó en el BOE a principios del mes de junio de este año, termina con las incapacitaciones judiciales por discapacidad, y, en su lugar, propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma. Para ello, elimina las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

El acto de apertura contó con la participación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el vicepresidente del Cermi y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Gerona, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez.

Sobre la reforma, todos los ponentes coincidieron en destacar el consenso entre grupos y operadores jurídicos, al tiempo que resaltaron el compromiso que debía tener la sociedad a partir de ahora para hacer realidad esta reforma.

Meritxell Batet afirmó que “la política se construye sobre el Derecho y es a la vez su elemento generador”, por lo que se mostró honrada por abrir un evento “que es una muestra de dialogo entre Derecho y política sobre una ley aprobada en esta cámara hace pocos meses”, norma que definió como “la concreción política del esfuerzo de análisis jurídico de las organizaciones reunidas aquí hoy”. Asimismo, agradeció a las organizaciones el trabajo previo y de impulso para la adopción “de la ley que ahora examinamos” que vienen realizando, que “permite expresar la importancia del análisis de los expertos del Derecho para impulsar las reformas y hacerlo generando un consenso entre los grupos de la cámara”, a los grupos por haberla debatido “desde las discrepancias lógicas” y a la sociedad “por la reflexión posterior a su aprobación”.

Destacó también el esfuerzo de organismos internacionales “para crear textos que consoliden las diferentes legislaciones nacionales en lo que termina siendo una consolidación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que ha transformado el enfoque del Derecho de las personas con discapacidad también en España”.

Además, hizo hincapié en un tercer elemento de asunción de la tarea legada por las mayorías y gobiernos anteriores, a quienes agradeció su labor de adecuación del derecho a la situación de las personas con discapacidad, incidiendo especialmente en los gobiernos y mayorías de los últimos 15 años. “La ley aborda conceptos que resultan de su entorno jurídico, destinado a garantizar sus derechos pero que en ocasiones se ha mostrado como obstáculo”, dijo la presidenta del Congreso.

Por último, la presidenta resaltó la importancia de dos nuevos preceptos que incorpora la ley, como son la elección de las actuaciones a llevar a cabo, así como su proporcionalidad; y resaltó la dificultad que entrañaba la reforma, al requerir una atención más prolongada. “Esta ley es una interpelación directa a quien aplica los derechos”, concluyó Batet.

En la misma línea apuntó la directora de la Fundación Aequitas, quien destacó la elección del artículo 12 de la ‘Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad’ como elemento vertebrador fundamental, e igualmente insistió en el papel que tiene la sociedad para “transformar la realidad que tenemos por delante”.

Reforma ambiciosa

Alberto Durán alabó la nueva ley, que definió como una “reforma sin precedentes”, y también se mostró agradecido con el consenso político, del que destacó era “la sociedad civil en su mejor expresión”, toda vez que señaló el papel de los operadores jurídicos “por remover y revisar con una nueva mirada del Siglo XXI la situación de muchas personas con discapacidad”.

Incidió también en el papel de las cámaras, así como de diputados y senadores, sobre todo “de aquellos que han hecho de la discapacidad su causa”, y explicó que la ley “supone un paso más en la plena igualdad de las personas con discapacidad porque les da capacidad de decidir”. “Es una gran conquista y tras su aprobación es importante la puesta en marcha de los sistemas de apoyo necesarios para la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, añadió el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

“Desde el Cermi y Salud Mental España valoramos positivamente el objetivo de esta reforma. Era fundamental cambiar el antiguo sistema a uno donde predomine la situación basado en la voluntad y el respeto a las personas”, aseguró el vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González, quien puso en valor la labor del Cermi y sus entidades y agradeció “la labor política para convertir este proyecto en una realidad sobre la que trabajar intensamente”.

Sobre la nueva reforma, no obstante, mostró reservas; relacionadas con que no se produzca un cambio pleno a un sistema de apoyos “que tendrá como consecuencia que los incapacitados o en proceso se vean sometidas a una curatela sin solución de continuidad, porque no se ha creado una red de apoyo suficientemente amplia, y solo se ha dado nuevas funcionas a antiguas figuras”.

El encargado de concluir la apertura del evento fue presidente del Consejo General del Notariado  quien destacó la importancia de que el evento se produjera en el marco del Congreso de los Diputados. Señaló que “la ley convierte a España en la vanguardia a nivel mundial en derechos de las personas con discapacidad”, toda vez que hizo hincapié en el progreso legislativo continuo.

“Es un camino complicado que descansa en la humanidad como principio y en que, a pesar de las limitaciones y dificultades de las personas con discapacidad, permita que, entre todos levantemos las barreras que impiden el ejercicio de su autonomía”, subrayó.

Mesa legislativa

Posteriormente, según informa Servimedia, se celebró una  ‘mesa legislativa’ que fue moderada por Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE y de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, y en ella estuvieron presentes ponentes de la Ley 8/2021 de los diferentes grupos parlamentarios. En concreto Miguel Ángel González, del PSOE; Genís Boadella, del PDeCAT, y Miguel Ángel Jerez, del PP.

Rafael de Lorenzo definió como “muy meritorio” el esfuerzo de ambas Cámaras, con especial incidencia en el trabajo del Congreso sobre esta ley, y valoró las visiones plurales para su redacción y aprobación para conseguir “el avance de la protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad”.

Destacó el “consenso maravilloso entre fuerzas parlamentarias” para aprobar la reforma, y se dirigió a los ponentes para plantearles diferentes cuestiones acerca de su experiencia, que terminó convirtiendo ese proyecto en una ley publicada en el BOE.

En este línea, el diputado del PSOE Miguel Ángel González puso en valor el trabajo de los grupos parlamentarios al servicio de las personas con discapacidad, y agradeció el apoyo de las entidades del tercer sector.

“Estamos ante la reforma más ambiciosa del Código Civil de la democracia, y el planteamiento que hacíamos desde el grupo socialista que además estaba en el gobierno e impulsaba el proyecto de ley, fue sacar una ley que fuese ambiciosa y contase con el concierto de los grupos parlamentarios, siendo conscientes de que ha sido muy trabajada y cuyos trabajos técnicos se inician años atrás con la comisión de codificación en un texto cuyo grueso estaba muy acordado con el ministerio anterior, del PP” argumentó.

“Nuestro propósito ha sido siempre sacar la ley con el máximo número de apoyos posibles. El resultado es patente, todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la ley, por lo que es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos”, apostilló, agradeciendo el trabajo de los compañeros de otros grupos.

En la misma línea se manifestó el diputado popular Miguel Ángel Jerez, quien calificó su experiencia de “un privilegio”. “De aquí hasta el final de la legislatura difícilmente una ley tan transversal como esta será aprobada. Es una ley muy compleja y de un cariz técnico importante”, explicó.

Justicia y dignidad

El popular puso en valor también la mejora que implica la nueva ley en cuanto al “sentimiento de justicia y de dignidad”, lo que relacionó con la ‘Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad’ del año 2006. También destacó que “es una ley muy trabajada”, lo que, aseguró, se demuestra por el “amplio consenso conseguido para hacer la mejor ley de todas”, y quiso destacar que “no todos estamos siempre a la gresca, que en este Congreso se intenta llegar a acuerdos, unanimidad…”.

Por su parte, el diputado Genís Boadella agradeció a la organización de las jornadas por su realización, así como el trabajo llevado a cabo durante mucho tiempo por las entidades del tercer sector. Asimismo incidió en que el acuerdo unánime es la “política en mayúsculas, el consenso, que está al margen del morbo y la pelea del hemiciclo porque esta cuestión relativa a estas leyes tiene un complemento de calidad que tenemos que poner todos en valor”. Además, subrayó que este acuerdo en materias de consenso “hace fácil una relación cordial con otros compañeros y sacar adelante proyectos como este”.

Los ponentes abordaron otros asuntos relativos a esta reforma. Así, Miguel Ángel González resaltó “el cambio de mentalidad” que supondrá para la gente, y pidió el apoyo del tercer sector y las familias “que son fundamentales”. “Cuanto más tiempo pase y más camino andemos generaremos más autonomía en los apoyos. Cambiar la mentalidad para ganar en autonomía. En definitiva hemos hecho un trabajo de transposición de este avance en derechos humanos que supone el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad’ y en coalición con lo que venía diciendo el tercer sector”, añadió.

Miguel Ángel Jerez agradeció la aceptación de sus enmiendas por parte de los otros grupos y entre ellas destacó que las medidas que esta contiene “se consideren como un derecho de las personas con discapacidad, no como una obligación”.

Por su parte, Boadella subrayó la importancia de la convención, resaltando casos de algunos catedráticos que, en la elaboración de la norma, protestaban contra sus preceptos, y aseguró que “hay consenso en que hay que seguir formando parte de ella y solo hay que transponerla”.