Así se ha puesto de manifiesto durante la I Conferencia sobre Discapacidad e Inclusión Social en el Mediterráneo, organizada por el Grupo Social ONCE y la Unión por el Mediterráneo

La I Conferencia sobre Discapacidad e Inclusión Social en el Mediterráneo, celebrada los pasados días 26 y 27 de enero bajo la organización del Grupo Social ONCE y la Unión por el Mediterráneo (UpM), dedicó uno de sus bloques temáticos a analizar la situación de las mujeres con discapacidad en los países de la región euromediterránea, desde las perspectivas de la igualdad de oportunidades y la violencia de género. 

A lo largo del debate, una de las principales premisas en las que coincidieron las diferentes ponentes es la necesidad de manejar datos reales desagregados por sexo y discapacidad, inexistentes en la actualidad, para desde ellos poder articular una cooperación internacional que luche contra la discriminación múltiple. Así, por ejemplo, lo defendió Ana Peláez, alta comisionada para la solidaridad y la cooperación internacional del Grupo Social ONCE, vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) y vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), durante el discurso de apertura del bloque, en el que analizó la ‘Discapacidad e igualdad de género desde los enfoques interseccionales’.

Según expuso Peláez, desde la ONU sí se manejan algunas realidades de la situación de las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, “en el ámbito del liderazgo y la participación política, hay una subrepresentación de las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones, no participan en decisiones que les afectan directamente” (0,95 MB).

En referencia a la violencia contra las mujeres, desde ONU se baraja que las mujeres con discapacidad tienen 2 o 3 veces más probabilidades que otras mujeres de sufrir violencia; en materia de educación, en relación con los hombres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de ser analfabetas, y mucho más de ser analfabetas digitales; en el empleo, en la misma comparación, las mujeres con discapacidad tienen dos veces menos posibilidades de estar empleadas; y, así, en otros muchos ámbitos como, por ejemplo, en el cuidado de la salud, donde las dificultades son también mayores. Unas cifras que se han visto fuertemente agravadas con el impacto de la pandemia. 

Ante esta situación, según expuso la vicepresidenta de la CEDAW, el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recoge que hay que luchar contra la discriminación múltiple que sufren las mujeres con discapacidad “porque somos mujeres, porque tenemos una discapacidad”. Además, “tenemos que garantizar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad”. A su juicio, lo primero que hay que hacer es “derogar todas las leyes, políticas y prácticas discriminatorias (1,00 MB) que tenemos en las legislaciones de nuestra región mediterránea (discriminación basada en el género o en la discapacidad, tipificación de la violencia sexual, prohibición de todas las formas de esterilización forzosa, del matrimonio infantil…)”.

Otras medidas, explica Peláez, pasarían por adoptar, en su caso, leyes, políticas y medidas que pongan en valor la consideración de las mujeres y niñas con discapacidad; superar todas las limitaciones que impiden la participación de estas mujeres en las consultas a la hora de elaborar las políticas; garantizando esa existencia de datos desagregados por sexo y discapacidad en materias como el empleo, la educación, la salud, etc.; y, por supuesto, a través de la cooperación internacional hay que luchar contra esta discriminación haciendo valer la consideración de las mujeres con discapacidad en la agenda de desarrollo, en la 2030 y en los ODS. 

Tras esta revisión en el sistema legislativo y de políticas, “lo que hay que garantizar es la participación de las mujeres con discapacidad en la vida política y pública y esto muchas veces no es así”, asegura Ana Peláez (0,59 MB). También habría que adoptar medidas de acción afirmativa a favor de estas mujeres y niñas con discapacidad para superar la situación de desventaja (en el acceso a la justicia, en la eliminación de la violencia, el respeto del hogar y la familia, el derecho a la salud sexual y reproductiva…), así como poner el foco en la discapacidad jurídica, es fundamental asegurar la igual de las mujeres con discapacidad ante la ley. 

Para finalizar, la alta comisionada del Grupo Social ONCE lanzó varias recomendaciones para tratar de mejorar la situación de las mujeres con discapacidad en la región: entre ellas, apoyar y desarrollar redes y organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad, asegurar que las organizaciones de personas con discapacidad realmente tengan interiorizada esa dimensión de género, ese compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y esa lucha contra la violencia, así como garantizar que las asociaciones, el movimiento de mujeres sea inclusivo y que no deje atrás a las mujeres con discapacidad. 

La participación política imprescindible para el empoderamiento 

La vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres hizo mucho hincapié en que la clave está en garantizar la participación política como vía imprescindible para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, apoyando el fomento de organizaciones y redes específicas de mujeres con discapacidad. 

Como ejemplo de buenas prácticas en España, Peláez se refirió a la creación de la Fundación CERMI Mujeres, entidad que participó, además, en la mesa sobre la importancia de la perspectiva de género en las futuras agendas y programas de recuperación, en la que su coordinadora, Isabel Caballero, remarcó la necesidad de adoptar una visión interseccional en todas las políticas que se lleven a cabo, “porque no se puede hablar por un lado de discapacidad y por otro de la igualdad”. 

Además, Caballero comentó que “en España estamos dando pasos para una desinstitucionalización, que es fundamental para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad”. 

En este sentido, la coordinadora de CERMI Mujeres explicó que existe un concepto de “falsa universalidad de igualdad, según el cual todas las mujeres somos iguales, sin embargo, todavía existen situaciones que nos hacen estar en desigualdad y generan exclusión” (0,87 MB).

En esta mesa redonda, moderada por Álvaro Couceiro, oficial de Planificación Estratégica Internacional en el  Grupo Social ONCE, se contó también con la participación de Jahda Abou Khalil, directora general de la Organización Árabe de Personas con Discapacidad (ÓPDO), y Anna Dorangricchia, directora del Programa División de Asuntos Sociales y Civiles en la Unión por el Mediterráneo, quienes coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto con los actores locales, nacionales e internacionales para lograr que mujeres con discapacidad de todo el mundo puedan vivir con libertad y equilibrio, siendo parte activa de la sociedad, y un actor de cambio. 

Futuro proyecto de inclusión en Marruecos 

En el transcurso de esta I Conferencia sobre Discapacidad e Inclusión Social en el Mediterráneo, la vicepresidenta segunda de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz, hizo mención del futuro proyecto en el que se está trabajando en Marruecos junto a la Unión por el Mediterráneo y AECID, entre otras entidades, para impulsar la inclusión social y laboral de mujeres y jóvenes con discapacidad en el sector turístico marroquí a través de la creación de empleo de calidad.  

Fue precisamente Patricia Sanz la encargada de cerrar el bloque dedicado a la igualdad de género, con un diálogo abierto sobre sobre la Violencia contra las mujeres con discapacidad, analizada desde la prevención, detección y atención, tomando como referencia a la experiencia desarrollada desde el Grupo Social ONCE. 

En el terreno de la prevención, aseguraba Sanz que lo primero que hay que hacer es informar a toda la sociedad de que “la violencia de género no es un tema privado, no se resuelve solo dentro de la pareja, además afecta más y se resuelve menos cuando se incorpora la variable de la discapacidad”. En el caso de la violencia contra las mujeres con discapacidad sucede que “es más frecuente y se cuenta menos por diferentes motivos” (1,62 MB).

La violencia de género, según refiere la vicepresidenta, se manifiesta de muchas formas, en todas las mujeres que la están sufriendo, pero tiene un impacto mayor porque hay más dificultad de demostrarlo cuando no se trata de violencia física en las mujeres con discapacidad, porque se le suele quitar credibilidad e importancia a lo que está sucediendo, más aún cuando la discapacidad es intelectual. 

Desde el punto de vista de la detección, señalaba Sanz cuatro ámbitos se especial importancia: en los centros médicos, los profesionales deberían ir más allá de la discapacidad y ser capaces de detectar alguna situación anómala; los centros educativos, donde se pueden detectar comportamientos a través de los jóvenes; el entorno laboral, donde pasamos muchas horas; y el entorno cotidiano de vecindad, “no somos responsables, por supuesto, de las situaciones de violencia que pasan más allá de nuestras paredes, pero no debemos ser cómplices” (0,74 MB).

Por último, desde el ámbito de la atención, “no debe ser algo que hagan las organizaciones de personas con discapacidad, sino que creemos que es algo que se debe hacer desde el servicio público de cada país experto en violencia de género para todas las mujeres por igual”, aseguraba Patricia Sanz (0,52 MB). En lo que sí trabaja el Grupo Social ONCE es en el asesoramiento a los profesionales que atienden a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, en la accesibilidad de la información, así como en el terreno judicial. Un ejemplo de este último es la elaboración de las dos guías elaboradas en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Madrid. 

Como cierre, la vicepresidenta también hizo hincapié en la necesidad de contar con datos actuales, ya que los últimos datos corresponden al año 2018 y entonces se calculaba que el 20% de las mujeres víctimas de violencia de género tenía discapacidad, pero se desconoce cómo ha afectado la pandemia. Además, sería necesario conocer cuántas mujeres víctimas de violencia de género han adquirido una discapacidad a consecuencia de dicha violencia, porque es con quienes se trabaja más directamente desde el Grupo Social ONCE.

Yolanda S. Baglietto