El Boletín Oficial del Estado publicó el 1 de marzo la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que obliga al etiquetado braille de los bienes y productos de consumo, por lo que ya está en vigor.

Esta nueva ley, que a instancias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se planteó en el Senado y así fue asumido por los grupos políticos, incorpora una disposición adicional sobre etiquetado inclusivo, que establece que “el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables”.