¿Podemos imaginar que la mayoría de los ciudadanos entrara en cualquier establecimiento y el etiquetado de los productos y bienes estuvieran exentos de rótulos que informaran al consumidor qué es y para qué sirve lo que está adquiriendo? ¿Os imagináis que todos los productos fueran iguales? ¿Cómo elegir? ¿Cómo diferenciar entre una lata de mejillones o una de calamares? ¿Entre un refresco de naranja o una cerveza? Aún peor ¿Distinguiríamos entre una botella de lejía y otra de buen vino; entre un bote de detergente y uno de leche para lactantes? Es la peligrosa realidad cotidiana al que se enfrentan muchas personas ciegas o con baja visión.  

Por fin, con el impulso de la ONCE y el CERMI, entre otras organizaciones, el Congreso ha aprobado una ley de protección de consumidores en situación de vulnerabilidad social que obliga al etiquetado en braille de bienes y servicios, al menos de los más esenciales. Se sigue los pasos de los medicamentos.

Estamos hablando de derechos. Concretamente del derecho a la información y al acceso a todos los bienes y servicios como el resto de la ciudadanía, en este caso de las personas ciegas. Estamos hablando de la entrada en vigor el pasado 1 de marzo de una norma ‘histórica’, la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que obliga al etiquetado braille de los bienes y productos de consumo.

Un hito para las personas ciegas, que llevan décadas trabajando y reivindicando la presencia del braille en todos los bienes, productos y servicios que nos rodean, y cuya ausencia reduce considerablemente el grado de ciudadanía de los usuarios que utilizan este sistema de lectoescritura en cualquier ámbito de su vida diaria, y que un francés ciego llamado Louis Braille creó en 1825, cuando tan sólo tenía 16 años.  La existencia del Braille, hace ahora 197 años, puso luz en la oscuridad y trató de paliar un retraso de varios siglos respecto a la aparición de la imprenta, pero no garantizó por sí sólo la inclusión de las personas ciegas.

La lucha del Grupo Social ONCE, de las asociaciones de la discapacidad y de la sociedad civil en general por políticas públicas de accesibilidad e inclusión han logrado esta importante Ley: por primera vez en el ordenamiento jurídico, se debe incluir el braille al etiquetado de productos de consumo, para lo cual el Gobierno deberá aprobar un real decreto de desarrollo, en el que se determinarán el tipo de bienes afectados y las condiciones en que deberá efectuarse, todo ello en el plazo de un año desde la entrada en vigor.

En la elaboración del proyecto de real decreto que ordena la ley, la ONCE seguirá trabajando para una reglamentación que, de forma efectiva, permita y asiente este avance -con la colaboración de la Comisión Braille Española-, para que no se quede solo en papel, en este caso, en papel con puntos. Porque en pleno siglo XXI, vivimos en una sociedad que, aún con sus grandes contradicciones, está tomando conciencia de que las personas con y sin discapacidad tienen los mismos derechos de participación en todos los ámbitos, como cualquier otro ciudadano o ciudadana.

El acceso a bienes y servicios es parte importante de esa igualdad, como lo es el acceso al ocio y al deporte. Por eso, en un mundo donde cada vez cobra más relevancia hacer nuestra vida más sana, saludable, sociable y en definitiva feliz, el impulso al Observatorio del Deporte Inclusivo, creado por la ONCE, supone también otro paso adelante. Porque el deporte se ha demostrado además como herramienta y valor de normalización y desarrollo personal, desde la infancia hasta la madurez.

Educación y empleo siempre aparecen como claves de inclusión, y lo son. Pero no lo son menos realidades como el acceso a bienes y servicios en igualdad, ahora más fácil con esta nueva normativa, o poder hacer deporte en cualquier edad y realidad, impulsado por este nuevo Observatorio. Avanzamos por el buen camino.