POLÍTICA SOCIAL
Gobierno y autonomías estudian nuevos criterios para la valoración de la discapacidad acordes a las exigencias de la ONU
Se aprobarán en breve en el Consejo de Ministros
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) presentó el 13 de septiembre a las comunidades autónomas el proyecto de real decreto por el que se establece el reconocimiento, declaración y valoración del grado de discapacidad, que actualiza los criterios para su evaluación y la determinación del grado.
El texto, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Servimedia, se aprobará próximamente en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, atiende una demanda histórica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que desde hace más de diez años pide que estos criterios se “actualicen” y ajusten a la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2001, recogidos después en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
En la actualidad, la valoración del grado de discapacidad se rige en lo esencial por el Real Decreto 1971/1999, motivo por el que el sector de la discapacidad reclamaba un nuevo modelo, adaptado a las normas internacionales.
El Tercer Sector respalda la aprobación de una ley estatal de servicios sociales
La Plataforma del Tercer Sector (PTS
) apoya el desarrollo y aprobación de una Ley Estatal de Derechos y Servicios Sociales con el objetivo de vertebrar y reforzar el sistema de protección social y la creación de un marco legal que permita garantizar una protección social mínima en el conjunto del territorio español. Así lo han expuesto representantes de la Plataforma del Tercer Sector en una reunión con el Ministerio de Derecho Sociales y Agenda 2030 donde se ha destacado que, con una norma de estas características, se vería alcanzada una reivindicación histórica del Tercer Sector.
La Fiscalía abrió 40 expedientes a administraciones por no garantizar la plena inclusión a personas con discapacidad en 2021
La Unidad Coordinadora de Protección a Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, creada en 2019, abrió un total de 40 expedientes a las administraciones por no garantizar la plena inclusión a personas con discapacidad en 2021 por razones de accesibilidad y discriminación (34,14 %), de accesibilidad de la justicia (7,31 %), en coordinación de actuaciones de las secciones especializadas (36,58 %) y por denuncia de situaciones de abuso o desprotección (14,63 %).
Según informa Servimedia, la citada Unidad cerraba la estructura nacional de los servicios especializados en personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía. En este tiempo el Ministerio Público “se ha esmerado en consolidar y reforzar los lazos que a lo largo de los años se han creado por la Fiscalía de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con diversas entidades del tercer sector”.
La CNMC subsana las deficiencias de accesibilidad de su comparador digital de la factura de la luz
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha subsanado las deficiencias de accesibilidad de su comparador digital de la factura de la luz, tras recibir una queja del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) basada en un estudio preliminar realizado por el Grupo Social ONCE.
Así consta en un escrito que detalla las mejoras realizadas en los últimos meses para corregir los problemas de accesibilidad del Comparador Factura Luz de la CNMC. Las mejoras son consecuencia de una queja formulada por el CERMI ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) el pasado 22 de junio de 2021.
El suicidio obedece a factores de riesgo multicausales y tiene mayor incidencia entre las personas con discapacidad
Es una de las principales conclusiones que se han puesto de manifiesto durante la presentación de la Investigación ‘El suicidio en las personas con discapacidad en España' desarrollada por el Observatorio Estatal de la Discapacidad
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya gestión operativa desempeña el CERMI, ha revelado que el suicidio obedece a factores de riesgo multicausales, en distintos ámbitos (sociales, comunitarios, individuales), que tienen mayor incidencia entre las personas con discapacidad, sobre todo en los casos de discapacidad por trastorno mental, insuficiencia renal, lesión cerebral y discapacidad física.
Así se ha puesto de relieve durante la presentación de la Investigación titulada ‘Investigación ‘El suicidio en las personas con discapacidad en España'
que ha tenido lugar este martes en la sede del CERMI, en Madrid. El acto, que se inscribe en el marco de las actividades del Día contra el Suicidio, ha puesto especial énfasis sobre la necesidad de realizar un abordaje multifactorial o “multicapa” para la base de los factores de riesgo multicausales. De esta manera, se actúa en distintos planos para contrarrestar factores de riesgo y fortalecer los factores protectores.
El objetivo de la investigación, organizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad y realizado por Ilunion Accesibilidad para CERMI y Real Patronato de Discapacidad, es analizar los aspectos fundamentales de la relación entre suicidio y discapacidad, en sus distintos planos, de cara a generar conocimiento y propuestas para la prevención de esta lacra social.