Las organizaciones civiles que trabajan por los derechos humanos y los sindicatos más representativos firmaron el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, un pacto social contra los discursos de odio, que nace con la vocación de convertirse en la base a partir de la cual los partidos políticos apuntalen un pacto de Estado sobre esta cuestión.

Lo hicieron en un acto celebrado en la madrileña sede de Fundación ONCE, que fue presentado por Laura González, vocal contra los delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtbi+).

El texto lo rubricaron en nombre de sus entidades la secretaria general de Fundación ONCE, Virginia Carcedo; el delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia; la presidenta de Cesida, Reyes Velayos; la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González; la directora del Área de Acción Social de Red Acoge, Tania Vilkova; la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán; la subdirectora de Hogar Sí, Maribel Ramos; la directora del Departamento de Incidencia Social de la Fundación Secretariado Gitano, Cristina de la Serna; la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal; la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia; la presidenta de Chrysallis, Encarni Bonilla; y Uge Sangil, presidenta de Felgtbi+.

Los firmantes del pacto social entregaron una copia del texto a la directora general de Diversidad Sexual y Derechos Lgtbi del Ministerio de Igualdad, Boti García Rodrigo, y a representantes del PSOE, Izquierda Unida (IU) y Más País, para que lo tengan en cuenta en sus iniciativas políticas.

Laura González explicó que esta iniciativa busca “erradicar los discursos de odio, que son una lacra para la sociedad, un mantra que ha consolidado situaciones que creíamos ya superadas”.

Para ello, plantea como objetivos “reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad, impulsar la acción desde el Estado para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad por los discursos de odio” e “informar a las víctimas de sus derechos y de las herramientas que tienen para saber ejercerlos frente a dichos discursos”.

En ese sentido, reseña la importancia de pergeñar “medidas de respuesta social y política frente a los discursos de odio contra grupos en situación de vulnerabilidad”, forjar prácticas “de protección en el ámbito laboral”, propiciar “mejoras estadísticas y medición de los discursos de odio y sus efectos”, auspiciar la “formación y sensibilización sobre grupos en situación de vulnerabilidad y respeto a los derechos humanos”, reformar el “control de la aplicación de las herramientas jurídicas para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad”, incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento del pacto y construir herramientas de “coordinación de la acción para evitar cualquier retroceso en derechos humanos de los colectivos en situación en vulnerabilidad”.