La norma obliga a los operadores a crear entornos “más seguros” y establece multas de hasta 50 millones de euros y la pérdida de licencia

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que “refuerza” la “protección” de los jugadores “más vulnerables” y obliga a los operadores a crear “entornos de juego más seguros”, estableciendo multas de hasta 50 millones de euros y la pérdida de la licencia para los que lo incumplan.

Así lo anunció el departamento de Alberto Garzón en un comunicado en el que precisó que esta nueva normativa, que incluye más de una treintena de medidas, tiene como objetivo “minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo” que, a su juicio, “pueden derivar, en los casos más extremos, en conductas problemáticas o patológicas”.

En este sentido, una de las poblaciones diana del real decreto son los jóvenes de entre 18 y 25 años, que, según el gabinete de Garzón, resultan “particularmente sensibles a mensajes y patrones de juego inadecuados”, si bien la norma también reforzará la protección de otros perfiles vulnerables, como es el caso de quienes ya tienen “comportamientos de juego intensivo o de riesgo”.

El vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas de la ONCE, Alberto Durán, ha pedido mayor y mejor “cooperación” de las políticas públicas para que haya unos “servicios básicos de atención” en todo el Estado a personas con discapacidad visual, con una “interlocución ordenada” con la industria para incentivar la investigación aprovechando los profesionales magníficos que hay en España. Todo ello, con la “colaboración estrecha” con las autoridades y con los pacientes.

Lo hizo en la inauguración de la jornada sobre ‘La prevención de la ceguera y la discapacidad visual en España. Un compromiso colectivo’, celebrada en el Congreso de los Diputados el 16 de marzo, en la que urgió a “trabajar juntos” así como a demandar recursos para la prevención y para dotar a las personas de “los medios necesarios” para que puedan recibir atención sanitaria y “que tengan una vida normalizada una vez que adquieren una ceguera o pierden la visión”. “Para todo ello, cuenten con el Grupo Social ONCE”, y afirmó que la organización está “encantada de participar y de poder aportar su granito de arena” en este ámbito.

Gracias a la firma de un convenio entre la Consejería de Sanidad, el Servicio Madrileño de Salud y la ONCE

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y la ONCE han firmado un convenio de colaboración para dar cobertura a las necesidades específicas en el ámbito de la atención sanitaria a las personas ciegas o con discapacidad visual en los centros de salud.

El acuerdo ha sido rubricado por el propio consejero en la materia, Enrique Ruiz Escudero; el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, y el delegado de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo, en un acto celebrado en la sede de la Consejería. Han estado acompañados por la directora general de Humanización y Atención al Paciente, Dolores Moreno, y la presidenta del Consejo Territorial de ONCE, Mª Teresa Rodríguez; el director de Relaciones Institucionales y del sector Sanitario y Sociosanitario de Ilunion, Eusebio Azorín; y la jefa del Departamento de Servicios Sociales de la ONCE Comunidad de Madrid, Fátima Peinado.

Esta norma reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en la práctica del ejercicio de su capacidad jurídica

El asesor jurídico del CERMI Estatal, Óscar Moral, anunció el 16 de marzo la puesta en marcha de una alianza, liderada por CERMI, en la que participan conjuntamente diversas entidades sociales, como Fundación ONCE o Fundación Aequitas, cuyo objetivo principal es conseguir una óptima implantación y en el menor tiempo posible de la reforma en el apoyo a personas con discapacidad desde una posición proactiva, buscando soluciones y reforzando la información y formación necesaria para su buen éxito.

Así lo afirmó en el Senado, tras la presentación de la senadora por Cantabria del grupo parlamentario popular, Amaya Landín, en la que realizó una valoración de los casi dos años transcurridos de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 y que se enmarca en la celebración de la jornada que ha acogido la Cámara Alta los días 15 y 16 de marzo bajo el título: ‘Más de un año tras la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica’.

Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) firmaron el 30 de marzo un convenio para seguir colaborando en la protección legal de la ciudadanía con discapacidad. 

Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, y Victoria Ortega, presidenta de la abogacía española, firmaron el acuerdo y coincidieron en señalar que si bien se ha avanzado mucho en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, hay que seguir trabajando para mejorar aún más y conseguir su inserción efectiva en todos los ámbitos de la vida.

El acuerdo da continuidad al trabajo conjunto que vienen desarrollando las tres entidades desde hace años y pretende promover iniciativas que favorezcan el ejercicio de los derechos, la protección y la no discriminación de las personas con discapacidad y sus familias.