Una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), encabezada por su presidente, Luis Cayo Pérez; el secretario general, Alberto Durán; y el presidente de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI, Daniel Aníbal García, se ha reunido con los representantes de los los grupos parlamentarios socialistas del Congreso y del Senado para presentarles los temas principales de la agenda política de la discapacidad para la legislatura.

El encuentro, celebrado el 9 de enero en Madrid, en la sede estatal del del CERMI, ha contado con la presencia del diputado en el Congreso por Albacete y portavoz en la Comisión de Discapacidad en el Congreso, Emilio Sáez; el senador por Albacete y viceportavoz socialista de la Comisión de políticas integrales de la discapacidad de la Cámara Alta, Juan Ramón Amores; la diputada por Barcelona y vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Teresa Llorens; y la diputada por Cáceres y miembro de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Maribel García.

El CERMI comenzó el encuentro felicitando la propuesta de reforma constitucional de su artículo 49 acordada entre el PSOE y el PP, que se votará próximamente y que permitirá llevar a cabo “la primera reforma social de la Constitución española”, de mano de la discapacidad organizada.

El acuerdo logrado para renovar el artículo 49 supone no solo destierra del texto constitucional una terminología hiriente que desconsideraba y ofendía a las personas con discapacidad -un 10 por 100 de la población-, sino que ancla en la norma fundamental el enfoque derechos humanos, el único admisible para abordar la realidad de esta parte de la ciudadanía.

La primera reforma social de la Constitución, que desde CERMI “confían sea muy pronto un hecho”, obedece a una demanda firme y sostenida del movimiento cívico de la discapacidad, de casi veinte años, que cuenta con un amplísimo consenso social, que ahora por fin está a punto de trasladarse al plano político y normativo.

“Después de una larga espera, es el momento de las personas con discapacidad” han manifestado desde CERMI. “Esta reforma debe centrarse única y exclusivamente en esta cuestión, de enorme importancia por sí misma, que entendemos como un avance país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España”, expresan.

Después,, se expusieron los asuntos principales para los que los responsables del CERMI pidió “el compromiso y el respaldo de los grupos socialistas del Congreso y del Senado”, e insistieron en la “necesidad ineludible” de abordar y resolver en estos primeros meses de legislatura “el grave problema de la accesibilidad a la vivienda” con la modificación de la Ley de propiedad horizontal, para lo cual el CERMI entregó a los representantes socialistas una propuesta articulada y fundamentada para que la reforma consiga devolver la autonomía a más de 100 mil personas con discapacidad y mayores en España que están prisioneras en sus casas por falta de accesibilidad.

Empleo, tributación y participación política

Asimismo, el CERMI trasladó la necesidad de abordar un nuevo marco legal de inclusión de las personas con discapacidad a partir de las recomendaciones que figuran en el Libro Blanco de empleo y discapacidad de 2023.

También insistió en la necesidad de elevar el 0,7 al 1 % de asignación tributaria de fines sociales, tanto en el impuesto de la renta, como en el de sociedades, a fin de que haya más recursos económicos para proyectos de inclusión y de extensión de los derechos sociales y se evite la competencia entre el plano estatal y el autonómico, al disfrutar de mayores ingresos para esa finalidad.

Días antes, el CERMI ya celebraba la modificación legal que incrementa la reserva de empleo público en favor de personas con discapacidad en la Administración del Estado, pasando del 7 al 10 %. Así lo establece Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, aprobado por el Consejo de ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

En concreto, la nueva norma dispone que “en la oferta de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al diez por ciento de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen las pruebas selectivas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de forma que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado incluida en el ámbito de aplicación de este libro”. Y añade que “la reserva del mínimo 10 por ciento se realizará de manera que, al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”.

A juicio del CERMI, este aumento de tres puntos en la cuota de reserva del empleo público, que venía solicitándose desde la plataforma de la discapacidad desde hace años, permitirá que más personas con discapacidad puedan acceder a la función pública, ampliándose así el horizonte laboral de este grupo de población.

El mismo Real Decreto-ley contiene también otra medida positiva para el empleo público de las personas con discapacidad, como es la creación de unidades de inclusión del personal con discapacidad en cada Ministerio. En este sentido, la nueva norma establece que “en cada uno de los departamentos ministeriales se constituirá una unidad de inclusión del personal con discapacidad”.

Dichas unidades de inclusión del personal con discapacidad “se integrarán en la estructura orgánica de cada departamento ministerial y quedarán adscritas a la Subsecretaría a través de alguno de sus órganos directivos dependientes, de acuerdo con lo que disponga el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del departamento ministerial”. La función de las mismas será “prestar al órgano directivo del que dependan el apoyo administrativo especializado que precise en materia de inclusión del personal con discapacidad, así como asegurar las medidas de adaptación de puesto de trabajo y velar por la plena incorporación y desarrollo profesional de dicho personal en su ámbito laboral, el seguimiento y evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, así como la elaboración de estadísticas relativas a la efectiva ocupación de plazas en su correspondiente ámbito”.

Finalmente, en la reunión se plantearon también otras cuestiones de política de salud, como la mejora de la prestación farmacéutica para las personas con discapacidad pidió que los grupos políticos soliciten la comparecencia del CERMI y sus entidades en ambas Comisiones de Discapacidad para que a lo largo de este mandato puedan trasladar directamente las propuestas y reivindicaciones al Congreso y al Senado.