El mundo de la discapacidad exigió este lunes “pasar de los derechos a los hechos” para hacer que se cumpla la Ley 8/2021, que permite a las personas con discapacidad tomar sus propias decisiones, y pidió que la sociedad cambie su percepción para que no se les siga viendo como “los tontos del pueblo”.

Así se constató durante la presentación de la iniciativa 'Alianza Apoyo y Autonomía', presentada en la sede de la agencia Servimedia, junto al Comité Español de Representantes con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE y Aequitas, además de la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (Futucam).

En el encuentro, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, participaron la directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, Lourdes Márquez; la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona; el delegado para Derechos Humanos y la Convención de la ONU del CERMI, Gregorio Saravia, y Santiago Izquierdo, persona con discapacidad intelectual apoyada por Futucam.

Esta Alianza pretende impulsar el conocimiento y cumplimiento real de la Ley 8/2021, que reconoce el derecho que tienen las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones, por lo que elimina las incapacitaciones.

Para ello, las fuerzas vivas de la discapacidad reclamaron durante el encuentro que estas personas “no sean tuteladas”, sino que sean responsables de su futuro, lo que requiere “un cambio de chip” en la sociedad y también "un presupuesto" para poder hacer realidad dicha ley "en toda su extensión”.

“Es necesario un cambio sociocultural y las protagonistas son las personas con discapacidad, sus familias y la propia sociedad, incluyendo los operadores jurídicos y no jurídicos (notarios, banca, Administración, universidades, asociaciones de jóvenes…) para pasar de los derechos a los hechos, que es lo que toca ahora”, explicó Lourdes Márquez.

Para ello, la Alianza pretende realizar una intensa actividad formativa entre todos los colectivos a asociaciones para que se cumpla la Ley 8/2021 “con los apoyos y salvaguardas para ayudar a las personas con discapacidad” en asuntos como el derecho al voto, realizar un testamento, relacionarse con la Administración o ejercitar el derecho al ocio o al trabajo “en condiciones de accesibilidad e igualdad”.