En la I Conferencia Sindical sobre los derechos de las personas con discapacidad en la negociación colectiva’

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, demandó al Ejecutivo de Pedro Sánchez la mejora de los derechos laborales de las personas con discapacidad. Lo hizo en la  ‘I Conferencia Sindical sobre los derechos de las personas con discapacidad en la negociación colectiva’ organizada por UGT y el Ministerio de Trabajo y Economía Social celebrada en Madrid, el pasado 8 de mayo, en la que destacó que “el trabajo nos ha ayudado a todos, el trabajo nos dignifica”.

Carballeda pidió a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que también asistió a la apertura de este foro, que se cumpla la normativa que obliga a las empresas a tener en su plantilla un 2% de sus trabajadores con discapacidad porque “tenemos los mismos derechos a la oportunidad de sacar adelante a nuestras familias”.

Asimismo, recordó que una de cada 279 personas trabajadoras tiene algún tipo de discapacidad reconocida y que, de ellas, una de cada 11 trabaja en el Grupo Social ONCE, por lo que “tenemos que reconocer el caso de éxito de nuestro Grupo”.

Por otro lado, Carballeda demandó a las organizaciones sindicales que “nos tengan en cuenta” a la hora de negociar las condiciones de trabajo con la empresa y que, con ello, “tendremos un mejor país”. Y apuntó también que “debemos estar orgullosos como país” de haber logrado los 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, pero matizó que “ojalá estos datos fuesen igual de positivos en el colectivo de las personas con discapacidad”. Por ello, reclamó a la ministra de Trabajo mejoras en la accesibilidad al trabajo para las personas con discapacidad y en las condiciones laborales.

En este sentido, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, incidió que “los datos laborales no son buenos, son pésimos para las personas con discapacidad, que tienen una situación de exclusión sistemática”.

Añadió que “la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral ha ido aumentando desde la reforma laboral pero no estamos satisfechos con los datos ya que son  inaceptables para una democracia avanzada como la española”. Instó al Ejecutivo a “seguir trabajando” para mejorar las condiciones laborales de este colectivo y garantizarlas.

Derechos y acuerdos

Por su parte, Díaz, que se apuntó las demandas del colectivo, afirmó que la actual va a ser “la legislatura de los derechos de los trabajadores con discapacidad”. Asimismo, subrayó que su voluntad es "alcanzar acuerdos para mejorar la vida de las personas y sus derechos”.

Y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que la discapacidad debe estar en “el centro de nuestras propuestas y nuestras preocupaciones para mejorar no solo sus condiciones de trabajo, sino también su integración”. Por ello reclamó a las empresas “que hagan la labor social y cumplan la normativa vigente del cupo de trabajadores con discapacidad que no se cumple” y añadió que si estas apostasen por este colectivo “no solo harían una gran labor social por la integración de estas personas, sino que, además, muy probablemente, mejoraría su productividad”.

Asimismo, elogió la labor por la integración laboral de Ilunion ya que “sin esta empresa nuestro país sería muy diferente para las personas con discapacidad" e instó a que más empresas copien su modelo de negocio.

También señaló y reivindicó los derechos de aquellas personas que tienen una discapacidad sobrevenida, es decir, que surge a lo largo de la vida por situaciones externas e internas no congénitas, y dijo a los empresarios que “hay más alternativas a la incapacidad. Si una persona se ve en condiciones de seguir trabajando, se le ha de apoyar y la empresa debería capacitarla, no incapacitarla”. Además, reclamó al Gobierno que los centros de trabajo dedicados a las personas con discapacidad no sean guetos y que “cumplan su verdadera función, que tiene que ser la formación y la integración de las personas con discapacidad”.

Negociación colectiva inclusiva

Durante la segunda jornada de la conferencia, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, reclamó que los sindicatos cojan la bandera de UGT e integren de una vez por todas a las personas con discapacidad en la negociación colectiva, afirmando que, con esto, los trabajadores con alguna discapacidad podrían lograr así “una mayor integración laboral y una mejora en sus derechos”.

En esta línea, afirmó que “por mucho que el legislador quiera aplicar políticas para que las personas se integren de una forma más igualitaria, si no hay un apoyo de los sindicatos, un apoyo social y empresarial, esto no se puede hacer”. Y resaltó que esta necesidad de que el mundo sindical entienda que tiene que representar a las personas con discapacidad es fundamental no solo por la mejora de las condiciones laborales, sino también para eliminar las barreras y mejorar la accesibilidad de los puestos, lo cual valoró como “esencial”. “Es cierto que para llegar a esto hay también que impulsarlo desde las instituciones públicas con políticas. Yo represento a un Ministerio que ha intentado hacer de la mejor manera posible la integración y la mejora de las condiciones laborales de las personas con discapacidad. Y lo hemos hecho de la mano de las organizaciones”, afirmó el secretario de Estado.

Libro Blanco

En este sentido, ejemplificó estas políticas con el ‘Libro Blanco de Empleo y Discapacidad’, presentado en junio del pasado año y que propone cambiar la legislación sobre inclusión laboral y que además sirve como un instrumento para el cambio del marco legislativo y de política pública del empleo y derecho al trabajo de esta parte de la ciudadanía, que todavía sufre tasas de inactividad y de paro mucho peores que el resto de la población, como se refleja en el recientemente presentado Informe 9 Odismet, que abordamos en este mismo número.

En esta línea, el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, declaró en la conferencia que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es la mitad de la de las personas sin ninguna discapacidad, pues “solo un 28% de las personas con discapacidad tienen un trabajo”.

Por ello, reclamó a los poderes públicos que “revienten las barreras existentes, ya que es sui obligación", alegando además que aunque “la legislación es relativamente buena muchas veces esta no se cumple”.

Por todo ello, dijo al secretario de Estado que “el Gobierno tiene una agenda y unos deberes que cumplir”, como es la mejora de la educación y de los recursos para que los centros ordinarios “puedan afrontar de una mejor forma las necesidades de las personas con discapacidad”.

Asimismo, demandó que se ha de mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos y abogó por una mejor colaboración público-privada para que “haya más unión entre las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y las empresas para que estas colaboren más para hacer más inclusiva a las sociedad”.

‘I Conferencia Sindical sobre los derechos de las personas con discapacidad en la negociación colectiva’