Las administraciones públicas deben velar por garantizar la protección de los usuarios, así como otorgar seguridad jurídica a operadores para prevenir y colaborar en la persecución de las actividades ilícitas y garantizar el respeto de la regulación.

La lucha contra el fraude constituye uno de los fundamentos de la Ley de regulación del juego de 2011 y en consecuencia, del establecimiento de un marco regulado para la actividad de juego.

En este sentido, es una obligación de cualquier operador el establecimiento de sistemas y mecanismos para la prevención del fraude y del blanqueo de capitales, integrando en sus procedimientos una política adecuada de gestión de riesgos y análisis de fraude.

La evaluación de riesgos de fraude debe llevar a la adopción de medidas preventivas sistemáticas para evitar fraudes y mecanismos de detección para identificar los casos que se presenten, así como la definición de acciones correctivas para garantizar que cualquier posible fraude detectado se aborde de manera apropiada y pertinente.

En consecuencia, la ONCE cuenta con una unidad organizativa de prevención y control del fraude integrada en la Asesoría de Juego y dependiente de la Dirección General Adjunta de Juego y cuyo objetivo principal es disuadir, detectar e investigar el posible fraude, de conformidad con los requisitos normativos y con las necesidades de negocio, de la propia Organización y de las expectativas de mercado.

Esta unidad es responsable de implantar una adecuada política de análisis de fraude y de gestión de los riesgos detectados en la operativa de comercialización de los productos de lotería de la ONCE y de los productos complementarios de terceros llevada a cabo tanto en el canal de venta de internet, como en los canales presenciales, por los puntos de venta autorizados o por clientes.

Su cometido principal es por tanto la supervisión y gestión de los procesos del área de juego susceptibles de generar conductas tipificadas como fraudulentas, la identificación inicial de los riesgos, así como su coordinación con otras áreas organizativas y funcionales colindantes.

Las medidas implantadas por la ONCE para la prevención y detección del fraude están dirigidas a cuatro ámbitos funcionales de aplicación, diferenciados por el canal de comercialización de los productos, físico e internet, y por el origen y autores del fraude, internos o externos.