A propuesta de su presidenta, Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, y con el respaldo unánime de todos sus miembros, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas ha adoptado durante su 89 periodo de sesiones, celebrado en Ginebra del 7 al 25 de octubre, la decisión de elaborar una recomendación general sobre mujeres y niñas con discapacidad.

Con ello, la nueva recomendación general actualizará la Recomendación General nº 18 (1991) sobre las mujeres “discapacitadas”.

Aunque otras recomendaciones generales (RRGG) del Comité CEDAW ofrecen algunas orientaciones a los Estados partes a este respecto  -como la RG nº 33, sobre el acceso de las mujeres a la justicia (2015); la RG nº 35, sobre la violencia de género contra la mujer (2017); la RG nº 36, sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación (2017); la RG nº 38, sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial (2020),  y la RG nº 40, sobre la participación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de decisiones (2024), entre otras-, es necesario adoptar un instrumento actualizado y consolidado que pueda ofrecer directrices a todos los países de manera eficaz para garantizar que cumplen sus obligaciones con respecto a la CEDAW y para promover, proteger y ejercer los derechos humanos de las mujeres y las niñas con discapacidad.

Como han puesto de manifiesto numerosas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación CERMI Mujeres, Women Enableb International, Equality Now y la Alianza Internacional de la Discapacidad, a pesar de estos avances, la consideración de las mujeres y las niñas con discapacidad desde un enfoque plenamente respetuoso con sus derechos humanos y libertades fundamentales sigue sin resolverse.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Resolución A/HRC/RES/47/15, de 2021, expresaba su profunda preocupación "por el hecho de que las mujeres y las niñas con discapacidad estén sujetas a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y violencia, tanto en la esfera pública como en la privada, incluidos el hogar, la familia, la comunidad, el mundo laboral, la escuela, los contextos digitales y las instituciones", y señalaba "la necesidad urgente de abordar todas las formas de violencia y discriminación contra ellas".

El procedimiento para la elaboración de esta nueva recomendación general, que llevará varios años, estará abierto a la participación de todas las partes interesadas (Estados, mecanismos de derechos humanos y agencias especializadas de Naciones Unidas, sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, academia...) a través de consultas globales y regionales que deberán ser accesibles e inclusivas.