La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el  presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, firmaron el pasado 20 de enero un acuerdo por el que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de la capital se compromete a promover y facilitar el acceso de personas con discapacidad a la vivienda pública y a sensibilizar a sus servicios en materia de inserción laboral, investigación, formación y accesibilidad universal. La alcaldesa, que estaba acompañada por su delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Paz González, señaló que, en la actualidad, el Ayuntamiento dispone de 90 viviendas protegidas municipales en los distritos de Usera, Barajas, Tetuán, Carabanchel, Villa de Madrid, Puente de Vallecas y Vicálvaro.

El acuerdo, entre la empresa municipal y la Fundación ONCE pretende, entre otros objetivos, impulsar la vivienda como medio de fomento de la vida independiente de las personas con discapacidad, sus posibilidades como alojamiento temporal individual para facilitar la integración laboral o la formación profesional, así como impulsar las viviendas para “alojamientos colectivos”. Un paso más -afirmó la alcaldesa- “en el compromiso de hacer de Madrid una ciudad para todos, una ciudad abierta, solidaria e integradora”.

El plan se estructura en tres programas; el primero, centrado en ofrecer viviendas protegidas adaptadas, en paquetes de entre 4 y 6 viviendas dentro de una misma promoción para que los beneficiarios puedan compartir determinados servicios, y con acceso tanto en régimen de venta como de alquiler o alquiler con opción a compra; los otros dos programas se refieren a viviendas adaptadas de alojamiento temporal para integración laboral o para formación profesional, de uso individual o colectivo, con una renta subvencionada (por debajo de los precios de mercado), negociada directamente con el usuario en el caso de las individuales o con Fundación ONCE en el caso de las colectivas. En ambos casos, la renta se reducirá en un 15 por 100 y, en el caso de las dedicadas a facilitar la formación profesional, el convenio prevé un importe máximo de 200 euros al mes.

Carballeda, por su parte, puso en valor la importancia de disponer de una vivienda, pero apuntó -como previa condición necesaria- la disposición de un puesto de trabajo y recordó el récord obtenido este último año por ONCE y su Fundación, en este terreno, del que informamos en este mismo número.