La Plataforma del Tercer Sector, en la que se integran la ONCE y su Fundación, ha valorado muy positivamente la aprobación por el Consejo de Ministros -el pasado 23 de enero- del anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social. Este colectivo da un gran paso con la aprobación de este texto que, considera, ofrece identidad, estabilidad y garantías a todas nuestras entidades. Destaca el hecho de que se trate de la primera ley hecha por y para el sector, estableciendo un marco regulatorio que permita ejercer el liderazgo hacia un nuevo modelo social, que defina sus especificidades y principios, las medidas de fomento y apoyo para las entidades que lo componen, así como sus relaciones con la Administración para intensificar su participación en el diseño de las políticas públicas estatales en el ámbito social.

Este nuevo marco normativo, más acorde con la realidad del sector en los últimos años, ha sido una de las principales reivindicaciones de esta Plataforma que ha insistido en la necesidad de desarrollo de una ley general de la que España carecía y que estaba dificultando el despliegue de la labor de las entidades no lucrativas a favor de los colectivos socialmente vulnerables.

La Plataforma del Tercer Sector, en su objetivo de impulsar mejoras dentro de su área y como interlocutor social de referencia ante las Administraciones Públicas en el marco de la Comisión de Diálogo Civil, ha sido proponente de la iniciativa y ha estado presente en el proceso de discusión y elaboración del texto, en el que se ha contado con la participación de sus entidades miembro. No obstante, la Plataforma confía en que se concreten los mecanismos de financiación y que el Gobierno tenga en cuenta en su desarrollo posterior las propuestas del sector y las necesidades de las entidades que lo componen, gravemente lastradas por el azote económico de estos años de crisis.  Asimismo, recuerda que requieren medidas específicas que mejoren su capacidad de actuación.

El Tercer Sector en España está integrado por más de 29.000 organizaciones; ocho de cada 10 cuentan con personas voluntarias en sus estructuras, lo que suma un total de 1.100.000 personas voluntarias; representa a casi nueve millones de personas; dan empleo a cerca de 630.000 (3,5% del total del empleo en nuestro país) y su actividad representa el 1,7% del PIB, atendiendo a más de cinco millones de personas.