La Plataforma del Tercer Sector solicitó, el 8 de abril, en el marco de sus aportaciones al Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015, el aumento en 200.000 personas más para la atribución de la denominada renta mínima autonómica, de modo que alcance a un total de 520.000 ciudadanos, que estima deberían recibirla, y para lo que calcula que habría que proveer una dotación presupuestaria de 1.080 millones de euros.

Su propuesta hace referencia a la necesidad de hacer compatible este sistema con el ejercicio de empleos temporales o a tiempo parcial, para que complementariamente faciliten la reincorporación de estos colectivos al mercado laboral. Además, solicita que no se contabilicen las pensiones de alimentos de los menores a cargo de familias monoparentales a la hora de calcular estas ayudas.

La Plataforma del Tercer Sector considera que el sistema de protección de rentas en España presenta una baja y desigual intensidad, con concentración de buena parte del presupuesto en una Comunidad Autónoma y una distribución desigual del resto de recursos entre el resto. Asimismo, las cuantías medias están por debajo del umbral de la pobreza y resultan insuficientes para mantener una vida digna en la mayoría de los territorios. Además, el acceso al sistema resulta confuso y excluyente para muchos demandantes ya que los recursos dependen de diferentes niveles de la Administración estatal y de las autonómicas y son incompatibles entre sí, como lo son la mayoría de las prestaciones y el ejercicio de un trabajo a tiempo parcial o temporal. Desde un punto de vista jurídico, añaden, existe una marcada heterogeneidad de enfoques y criterios en las 17 leyes autonómicas y con la normativa de la Seguridad Social.

La propuesta de la Plataforma del Tercer Sector se enmarca en sus aportaciones al Plan Nacional de Reformas 2015, que recoge las recomendaciones de la Unión Europea y hace especial hincapié en la extrema gravedad de la situación que atraviesa nuestro país y en la necesidad de poner en marcha medidas que palien las carencias de los 13 millones de personas que viven en riesgo de exclusión en España. Por eso insiste en la necesidad de poner en marcha un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que contemple medidas relativas al empleo, vivienda, educación, sanidad, pobreza infantil o eficiencia energética, complementadas con una política de rentas mínimas que garantice una vida digna para todas las personas.

La propuesta de ampliación de los receptores de rentas mínimas se complementa con el decálogo de  propuestas elaborado por la Plataforma con motivo de las inminentes elecciones autonómicas y locales, en el que solicita la aprobación por ley autonómica, como derecho subjetivo, de una renta básica de inclusión (en aquellos lugares donde no exista con esa cualidad), con dotación suficiente y gestión eficiente, destinada a las personas en situación de exclusión y que permita mantener unas condiciones mínimas de participación, acceso a bienes básicos y desarrollo humano.

La Plataforma hizo llegar sus propuestas a los distintos grupos políticos ante la cita electoral y está inmersa en una ronda de contactos con los principales líderes políticos para debatir con ellos sus planteamientos en materia social y de inclusión.

Con Ángel Gabilondo

De ese modo, sólo unos días después, el 20 de abril, representantes de ONCE, Cruz Roja, Cáritas, Cermi, Plataforma del Voluntariado, Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Red de Redes (integrantes de esta Plataforma) se reunieron -con la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid como escenario- con el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad madrileña, Ángel Gabilondo. El exministro de Educación aseguró ante este foro que, para él, “las políticas sociales son una vértebra de las políticas públicas”. Y destacó y aplaudió la “enorme labor” que desarrollan las organizaciones interlocutoras, “protegiendo al desprotegido y atendiendo a quien peor lo pasa”, dijo. A su juicio, “las administraciones no deben mirar para otro lado, como si no pasara nada”, o esperando que sean otros quienes se ocupen de los problemas.

Por su parte, los representantes del Tercer Sector le hicieron entrega de un decálogo con sus principales inquietudes y preocupaciones, que constituyen un muestrario de las necesidades más urgentes de amplias capas de la población, así como un mapa de la situación de los servicios sociales púbicos que se prestan en la Comunidad de Madrid. “Nos adherimos a estas reivindicaciones”, convino Gabilondo, que prometió también “trabajar por ampliar la dotación presupuestaria de la Renta Mínima de Inserción y por la creación de un fondo autonómico contra la exclusión social y la pobreza”. En tal sentido, anunció -si llega al Gobierno autonómico- la  constitución de una mesa de diálogo civil con las organizaciones de acción social como herramienta para profundizar en la democracia. “La crisis ha supuesto un cambio de modelo social que acepta con naturalidad la indefensión de algunos colectivos -concluyó-, pero nosotros no”, al tiempo que denunciaba las manifestaciones de euforia, “mientras casi la mitad de la población está en una situación que no es fácil”.

Nace la Plataforma del Tercer Sector en La Rioja

La Plataforma Autonómica del Tercer Sector Social en La Rioja se constituyó el pasado 15 de abril, en un acto celebrado en el Parlamento de La Rioja, como organización unitaria de interlocución social y vehículo de cohesión y de solidaridad. Seis destacadas organizaciones sociales han culminado el nacimiento de esta Plataforma que pretende ser una entidad de cohesión y unidad de acción de estas organizaciones para defender el valor de lo social, el Estado de Bienestar, los derechos sociales, y propiciar la máxima colaboración público-privada en beneficio de las personas más vulnerables.

La Plataforma Autonómica del Tercer Sector Social en La Rioja surge como una organización de interlocución social, con capacidad de influencia y diálogo civil y social con los poderes públicos, agentes sociales, el mundo empresarial, los grupos mediáticos y el conjunto de instituciones relevantes.

El acta fundacional ha sido firmada por Carmen Fernández, por parte de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja (EAPN La Rioja); Emilio Carreras, de la Federación Riojana de Voluntariado Social; Manuela Muro, del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en La Rioja (CERMI-La Rioja); Luis LLeyda, de Cáritas La Rioja; Fernando Reinares, de Cruz Roja en La Rioja;  y Juan Javier Muñoz, de ONCE La Rioja.

Además de los seis firmantes, han estado presentes también el presidente de la Plataforma del Tercer Sector Estatal, Luciano Poyato, y el presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.