La Plataforma del Tercer Sector (en la que participan la ONCE y su Fundación) ha mostrado su preocupación por el que considera “grave perjuicio” derivado de la reciente sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo, declarando nulo el Real Decreto de julio de 2013 con el que el Gobierno reguló la concesión de subvenciones a las ONG de ámbito estatal. Una sentencia que afectará en consecuencia muy seriamente a las cerca de 30.000 entidades de acción social de nuestro país y ante la que ha mostrado incluso su preocupación el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La decisión del Supremo da respuesta afirmativa al recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en el que alegaba que la Administración General del Estado no respeta la “competencia exclusiva” que confieren determinados Estatutos Autonómicos en materia de asistencia social.

Razonamiento legal

La Plataforma del Tercer Sector, codemandada en el recurso de la Generalitat, alega que las entidades del Tercer Sector son colaboradoras en la ejecución de políticas públicas, a los efectos del artículo 149 de la Constitución Española, y que el Real Decreto ahora impugnado se deriva de la aplicación del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, no impugnado ante el Tribunal Constitucional. La Abogacía del Estado alegó por su parte que la competencia estatal ampara la creación de estas entidades colaboradoras y el otorgamiento de subvenciones como las previstas en el Real Decreto.

A pesar de ello, la sentencia dictada el pasado 10 de junio por la Sala III del Tribunal Supremo declara nulo dicho decreto, estableciendo que la competencia exclusiva en materia de asistencia social es de las Comunidades Autónomas que la tengan en sus Estatutos, como es el caso de Cataluña. La decisión, además, afecta a todo el territorio nacional, ya que establece que el decreto impugnado es contrario al ordenamiento jurídico y, en concreto, al reparto constitucional de competencias, al encontrarse la relativa a la “asistencia social” en manos de la Administración Autonómica.

La Plataforma del Tercer sector “lamenta profundamente” este fallo, que “supondrá un gravísimo perjuicio para las cerca de 30.000 entidades que conforman el Tercer Sector”, según ha afirmado su presidente, Luciano Poyato. Quien se muestra también “muy preocupado” por este fallo contra el que no cabe recurso y que -afirma- “condiciona al sector y requiere de una acción inmediata”, pues “casi el 90% de las entidades que lo conforman dependen directamente de estas subvenciones”.

La Plataforma está estudiando los efectos inmediatos de la sentencia sobre las subvenciones convocadas y otorgadas al amparo del Real Decreto anulado, y contactando con el Gobierno y otros grupos políticos para buscar una solución coherente para un colectivo que -recuerda Poyato- “es fundamental para la cohesión social y atención a las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión”. El Tercer Sector beneficia actualmente en España a más de 6 millones de personas, cuya asistencia puede quedar gravemente comprometida si se avanza jurídicamente en esta línea, que “prima la defensa de las competencias autonómicas en detrimento del bien general”, concluyó Poyato.