En respuesta a la denuncia formulada en su día por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Grupo Parlamentario Popular del Senado enmendó, en junio pasado, el proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria a fin de modificar a su vez el artículo 681 del Código Civil, cuya redacción hasta ahora impedía a determinadas personas con discapacidad actuar como testigos en testamentos. Para el CERMI, se trataba de una “flagrante exclusión” contra nuestro colectivo y, por ello, solicitó del Ministerio de Justicia la modificación de este artículo del Código, aprovechando este proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria.

El Código Civil excluía como posibles testigos testamentarios a “los ciegos y los totalmente sordos o mudos (sic)” y “los que no estén en su sano juicio”, una discriminación por motivo de discapacidad en clara contradicción con los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada y ratificada por España, y consecuentemente vigente en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008.

La enmienda introducida elimina del Código Civil esta referencia a la exclusión de las personas con discapacidad para estas tareas, limitándose a establecer neutralmente que no podrán ser testigos en testamentos “los menores de edad, los que no entiendan el idioma y los que no presenten el discernimiento necesario para desarrollar la labor testifical”. Igualmente excluya a “los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del notario autorizante y a quienes tengan con éste relación de trabajo”.

La Fundación Aequitas, creada en 1999 por el Consejo General del Notariado para la mejora de la asistencia jurídica de colectivos necesitados de especial protección, ha celebrado esta modificación que elimina y subsana -afirman en una nota hecha pública al efecto- “una tremenda injusticia”. Recuerdan al respecto que la Convención de la ONU obliga a los Estados partes, como España, a “modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.