El presidente de ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, se felicitó de que la privatización planteada hace unos años de Loterías y Apuestas del Estado no se llevara finalmente a efecto, pues -dijo- “ahora no tendríamos los recursos que genera ni dispondríamos de la joya de la corona de las empresas públicas” en España. Carballeda defendió así, el pasado 15 de julio -en un encuentro informativo auspiciado por Europa Press bajo el título “Alianzas público-privadas, mecenazgo e incentivos fiscales”- el papel de las loterías “públicas y responsables” que “producen beneficios que repercuten en la ciudadanía”, mientras otros tipos de juegos provocan “un daño irreparable”.

Puso también en valor la solidaridad de la sociedad española y su colaboración con las instituciones del Tercer Sector, que en el caso de la ONCE se materializa “a través del juego comprometido, responsable y público”, un sector para el que reclamó la protección del Estado.

Lo enmarcó en la situación actual que ha derivado -señaló-  “crecientes dificultades para los ciudadanos y más necesidades a pie de calle con limitaciones de recursos privados y públicos”, lo que se ha traducido para la ONCE en un descenso de 10 puntos en sus ventas de productos de juego en los últimos tres años. Tendencia, anunció, afortunadamente quebrada en el primer semestre de este 2015; mejoría que se está reflejando también en las empresas dependientes de la ONCE y su Fundación, fusionadas a finales de 2014 bajo la nueva marca única ILUNION.

El acto, que tuvo lugar en el Hotel ILUNION Atrium con la colaboración de Fundación ONCE a través de FSC Inserta, conto con la participación del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, quien aseguró que el Gobierno no va a privatizar Loterías, así como su compromiso por perseguir el juego ilegal, pues -señaló- “genera distorsiones en la competencia, además de que no debemos acostumbrarnos a convivir con el incumplimiento de las normas”.

Afianzar las entidades sin ánimo de lucro

El ‘número dos’ de Hacienda valoró el papel de las entidades sin fines de lucro, como la ONCE, al abordar los cambios normativos y los incentivos puestos en marcha para “dar estabilidad” a su financiación. El objetivo -afirmó- es ir más allá de fomentar la donación aislada y avanzar hacia las de carácter estable: “hay que buscar que muchos millones de contribuyentes hagan aportaciones”, afirmó. Al respecto recordó que los primeros 150 euros (una cantidad “habitual o típica” de aportación de muchos contribuyentes) tendrán un “importantísimo incentivo”, pues en 2016 el 75% de esa cuantía va a ser devuelto a través de una deducción fiscal en el IRPF. Este micromecenazgo, dijo Ferre, contribuirá a que muchos colaboremos de forma estable y permanente “para que estas fundaciones puedan tener ingresos estables en el tiempo”.

En el caso del Impuesto de Sociedades, el Gobierno ha aprobado también un incremento adicional de cinco puntos de la deducción general, que alcanzará así el 40% en 2016.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal, insistió en pedir al Gobierno incentivos fiscales a las donaciones para entidades no lucrativas que provengan de contribuyentes con rentas de más de 100.000 euros, para incentivar su fidelización como ‘grandes donantes’, lo que acercaría a España -dijo- al modelo estadounidense.

Nadal recordó que, en España, el grueso de donantes a entidades sin ánimo de lucro está en el tramo de ingresos de 30.000 a 60.000 euros, lo que dista -señaló- de los 100.000 dólares de renta que ostentan el 13% de los filántropos estadounidenses, que constituyen la mayor fuente de recursos para el sector fundacional de aquel país. Reconoció que también en España el Estado “ha cambiado su enfoque respecto a los incentivos fiscales al mecenazgo”, que han pasado “de ser vistos como un problema de coste, a un ahorro” en actividades que, si no, serían responsabilidad del sector público, como se recoge en la última reforma fiscal, con aumento del 25 al 30% en la desgravación de donaciones por parte de personas físicas (un 35% en el caso de donaciones plurianuales), y el reconocimiento de la figura de micromecenazgo. Satisfecho por estas modificaciones, dirigidas -dijo- principalmente a los donantes de rentas medias, instó al Gobierno a “instaurar incentivos fiscales que atraigan también a los grandes donantes”.

Esta cooperación público-privada afecta especialmente, explicó Nadal, a las fundaciones, que “obtienen sus ingresos en un 85% del entorno privado y en un 15% del sector público”. Y que, a lo largo de la crisis, han tenido que hacer frente al aumento de la demanda de necesidades y la disminución de ingresos, pese a lo que han disminuido tan sólo un 7% sus gastos respecto al año de mayor inversión, mientras los ingresos lo han hecho en un 25%.