Naciones Unidas ha pedido a la Unión Europea (UE) que adopte una estrategia global para avanzar en la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todas sus instituciones y Estados miembro. Al tiempo ha solicitado de las instituciones europeas que a medio plazo revisen todas sus medidas y normativas para seguir mejorando en las políticas relacionadas  con este ámbito.

La Unión Europea ratificó la Convención en 2010. Por ello, tras estos cinco primeros años, el comité de expertos de la ONU ha mantenido un proceso de análisis sobre su implementación efectiva en el seno de la UE; en sus diferentes políticas y en el marco legislativo. Y, fruto de este estudio, ha elaborado 90 Observaciones Finales para que Europa materialice de forma efectiva una estrategia global de aplicación de la Convención a lo largo de los próximos cuatro años.

Estas observaciones, con sus consiguientes recomendaciones, fueron adoptadas en Ginebra el pasado mes de septiembre, y recogen -entre otras- importantes demandas del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y de sus organizaciones miembro, entre las que se encuentran la ONCE y su Fundación. Hacen referencia a temas muy diversos, como la necesidad de una legislación concreta sobre igualdad y no discriminación, mujeres e infancia con discapacidad, accesibilidad, concienciación, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, salud, empleo, educación, protección social, participación en la vida política y pública, así como en la vida cultural, etc.

Observaciones ‘urgentes’

Las Observaciones Finales publicadas por el comité de expertos de Naciones Unidas resaltan que la UE debe revisar su legislación y acreditar que está en consonancia con las condiciones establecidas por la Convención que la propia Unión suscribió en 2010. En paralelo, le solicita el establecimiento de unas directrices que le sirvan para autoevaluar dicho cumplimiento.

Así, la ONU ha trasladado a la UE tres observaciones ‘urgentes’, en el objetivo de que sean hechas realidad antes de un año. La primera, revisar el marco de competencias que la UE definió en 2009 con respecto a  la Convención, ya que se ha constatado que desde entonces se han venido desarrollando determinadas políticas sobre Derechos Humanos que no están consonancia con el Tratado. En segundo lugar, le pide revisar el actual borrador del Acta Europea de Accesibilidad, pues tampoco se ajusta a lo que dicta la Convención de la ONU en esta materia. Y, en tercer lugar, solicita a la Comisión Europea que abandone el que considera un rol ‘contradictorio’, al ser el ente coordinador de la UE para implementar la Convención y, al tiempo, pretender actuar como parte de la estructura de seguimiento independiente de su plasmación; una tarea reservada, según el artículo 33.2 del Tratado, a organizaciones e instituciones de Derechos Humanos, en consonancia con los Principios de París en el  marco de supervisión de la UE.

Propuestas a cuatro años

Por otro lado, el comité de expertos propone con un margen de tiempo más amplio (en el objetivo de presentar en 2019 un completo informe de cumplimiento ante Naciones Unidas), recomendaciones en otros tres ámbitos diferenciados: Obligaciones Generales, Derechos Específicos y, por último, Obligaciones Específicas.

En el primero de ellos básicamente exige a la UE que ponga en sintonía la actual Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, sometiéndola a valoración este mismo año, ya que no se atiene a las observaciones finales presentadas.

En cuanto a Derechos Específicos, pide a la UE aprobar el Acta de Europea de No Discriminación más allá del empleo (actualmente ‘congelada’); que incorpore la discapacidad en la política europea de Igualdad de Género, así como la cuestión de género en todas las políticas sobre discapacidad; que se contemple igualmente el factor de discapacidad en las políticas referidas a la infancia; y, respecto a concienciación, la ONU solicita de la Unión Europea una campaña de desinstitucionalización del colectivo de personas con discapacidad, que en muchos casos les hace vivir segregadas de sus propios entornos.

En materia de  riesgos y emergencias humanitarias los expertos solicitan de la UE que incorpore la discapacidad en sus políticas sobre asilo político, refugiados e inmigración;  y en cuanto al tema de igual reconocimiento como persona ante la ley, cambios legislativos para eludir cualquier merma en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En concreto pide, tanto a la UE como a sus Estados miembro, reconocer el disfrute por las personas con discapacidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin excepción, en el seno de la UE y con aplicación en todos sus tratados y políticas activas, aunque se trate de personas que tengan restringida su capacidad jurídica.  Un hecho que les permitiría, por ejemplo, ejercer su derecho al voto.

Por lo que respecta a la ‘integridad  personal’, los expertos reclaman la prohibición de las esterilizaciones forzadas, los abortos coercitivos o el uso de personas con discapacidad en experimentos médicos. Además, la UE habrá de garantizar la movilidad de las personas con discapacidad y sus familias con la portabilidad -en caso necesario- de sus pensiones de Seguridad Social o similares.

En otros aspectos más específicos, el comité pide también el reconocimiento de la lengua de signos y del código de lecto-escritura braille como lengua y código oficiales de la UE y de sus Estados miembro; y, por último, con respecto al artículo 30 de la Convención, que ratifique el Tratado de Marrakech sin retraso alguno.

Para terminar, en el ámbito de las Obligaciones Específicas el comité de expertos de la ONU insta a la UE a recopilar datos y estadísticas de la población con discapacidad, diferenciando los tipos de discapacidad, el sexo, la edad, su vinculación a entornos rurales o urbanos, y que puedan ser comparables entre Estados, incorporando al tiempo el factor de la discapacidad en toda la política de cooperación al desarrollo europea teniendo en cuenta la agenda post 2015 de los objetivos de desarrollo del milenio.

Para Ana Peláez, consejera general de la ONCE, responsable de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior (y miembro ella misma de este comité de expertos de la ONU), Europa y la propia España viven en materia de discapacidad y derechos humanos una excepcional oportunidad que va a marcar decididamente su futuro inmediato. “Sinceramente pienso que las observaciones finales que le ha hecho el comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad a la UE es la hoja de ruta que debería de tener en este momento de inicio del nuevo mandato del Parlamento, de la Comisión Europea y el Consejo de la UE de lo que tiene que ser la agenda política sobre discapacidad para los próximos años", manifiesta la representante de la ONCE (archivo MP3).

En definitiva, estas Observaciones -primera iniciativa de un comité de Naciones Unidas  para analizar el estado de los derechos humanos de la UE- constituyen también la primera exigencia formal de la ONU a las instituciones europeas para adoptar un plan global sobre los derechos de las personas con discapacidad, que permita materializar los compromisos que la propia UE suscribió al hacer suya la Convención hace ahora un lustro.

Mercedes Leal