En este sentido en España, un grupo de “avispados” apostadores por lo ajeno han decidido aprovechar los huecos legales que les permite nuestra legislación para crear un entramado de asociaciones y sociedades, bajo el paraguas de la OID, para amasar importantes patrimonios personales pirateando para ello el conocido cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Diariamente, casi dos mil personas salen a la calle, bajo el señuelo de la posible colaboración con el mundo de la discapacidad, para vender un producto calcado del popular juego legal de la ONCE, por lo que sus organizadores ni pagan impuestos, ni realizan sorteo alguno. En su inmensa mayoría utilizan a personas en paro y algunos discapacitados para dar una aparente cobertura social.

Se aprovechan de la imagen de la ONCE para desviar dinero a sus cuentas personales y de las sociedades creadas por sus dirigentes para este fin, mientras que invierten importantes cantidades de dinero en proyectos fantasmas para blanquear el dinero conseguido mediante la venta de esas papeletas que carecen de legalidad y autorización alguna.

Mientras que sus vendedores tienen que trabajar durante horas para cobrar sueldos míseros, hace tres años la OID invirtió tres millones de euros, además de otras subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Calzada de Oropesa, en Toledo, en una parcela de 7.500 metros cuadrados con 1.700 metros y en la construcción de un centro con las mejores equipaciones existentes en lavanderías, baños adaptados, etc.

La realidad es que ningún discapacitado ha ocupado estas instalaciones. El fin de la inversión era justificar una aparente preocupación por las personas con discapacidad y dar una imagen social que para nada se corresponde con la realidad. Hoy en día esa residencia fantasma y vacía sirve para tener en plantilla a 11 personas que trabajan en las oficinas centrales de la OID en otras actividades, pero que les sirve para decir que tienen un Centro de Empleo y una residencia para el mundo de la discapacidad.

Estas personas trabajan en las oficinas centrales, junto a abogados y los contables de este entramado societario para desviar dinero a sus dirigentes a través de nuevas inversiones en Venezuela. En este sentido, el promotor de esta estafa social, Dionisio González, se desplaza habitualmente a Malta con el fin de poner a buen recaudo los jugosos beneficios de esta “lotería” que pretende tener un carácter social.

Muchas personas que tienen problemas a final de mes para pagar su hipoteca o pagar el colegio de sus hijos se preguntan cómo es posible que alguien que está realizando una actividad ilegal pueda realizar inversiones millonarias impunemente sin que la Justicia le ponga en su sitio. La respuesta es muy sencilla: Estos nuevos empresarios han aprendido que si no tienes cargas sociales con tus trabajadores vendiendo un cupón ilegal en la calle no tienen derechos sindicales, ni te pueden denunciar por la actividad que realizas, ya que son aleccionados desde el principio diciendo que quieren ser legales pero que la ONCE no les deja. Algo similar a que si los “manteros” de ventas de CD piratas dijeran que ellos quieren ser legales pero no les dejan las multinacionales de la distribución.

En definitiva, nuestros dirigentes se quejan de que en Europa nos miren mal y, sin embargo permiten que más de dos mil personas recorran todos los días las calles vendiendo un producto de lotería sin ningún tipo de control fiscal (al ser un producto ilegal, ningún departamento de juego audita sus cuentas), ni representación sindical (los sindicatos no saben cómo encuadrar a estos vendedores ambulantes), mientras que los trabajadores se encuentran desamparados vendiendo durante largas jornadas un producto que saben que no es legal. Un negocio, en cuya sede central en la localidad de Talavera de la Reina trabajan casi 200 personas, y donde se reciben cada día ingresos millonarios sin ningún control fiscal ni legal y desde donde se desvían importantes cantidades a empresas tan dispares como la inmobiliaria Discapiso SL, con sede en la central de la propia OID y cuyo administrador único es el mismo Dionisio González Otero y cuyos ocho trabajadores carecen de ningún tipo de discapacidad y tienen una media salarial de 27.000 € anuales. Un salario anual, por cierto, inferior todavía al de la Asociación Social Organización Integración del Discapacitado (SOID) en donde están contratadas las personas de confianza de la cúpula directiva y cuyo salario alcanza una media de 31.000 € al año. Este de la OID es un ejemplo más que alimenta el ya legendario sambenito de la picaresca española.

DIARIOABIERTO.ES (21/04/2013)