En la víspera del Día internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado 2 de diciembre la Comisión Europea publicó una de sus más esperadas directivas, el ‘Acta Europea de Accesibilidad’, como proposición de una próxima ley europea que establecerá los requisitos comunes  mínimos de accesibilidad para productos y servicios clave, a fin de facilitar -al menos a escala de la UE- la efectiva y plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad. “El resultado de un largo proceso de reivindicación”, según nos explica la responsable de la Oficina de Asuntos Europeos de la ONCE, Barbara Martín (archivo mp3).

Desde nuestro país, todo el movimiento de la discapacidad ha aplaudido esta medida que venían reclamando hace años y, con él, ONCE y su Fundación han expresado la confianza en que contribuya a mejorar la inclusión social de los 80 millones de europeos con discapacidad. “Una muy buena noticia para Europa”, manifestó nuestro presidente, Miguel Carballeda, que apenas unos días antes había tenido la oportunidad de trasladar la solicitud de esta aprobación a los comisarios Navracsics y Arias Cañete, además de a la comisaria responsable de esta área de Asuntos Sociales, Marianne Thyssen (ENLACE a nº anterior), que ha impulsado personalmente esta nueva directiva europea.

ONCE y su Fundación difundieron al respecto una nota congratulándose de esta decisión de las instituciones europeas que, esperan, “mejorará de forma destacada la inclusión social” de las personas con discapacidad. Un colectivo que recibe así satisfacción ante una reivindicación que venían planteando hace años; y que, en palabras de Miguel Carballeda, se espera que mejore la vida de estos colectivos en dos frentes: el del acceso de las personas con discapacidad a productos y servicios, al crear criterios comunes de accesibilidad, y en segundo lugar, por favorecer su inclusión social a todos los niveles.

El Acta Europea unifica los criterios de accesibilidad a seguir por todas las empresas de la UE, estableciendo unos parámetros comunes de obligado cumplimiento para fabricantes de bienes y proveedores de servicios. La gama de los contemplados ha sido seleccionada por la Comisión en consulta con los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y las propias empresas; y afectan a una amplísima paleta de actividades, desde el funcionamiento de los cajeros automáticos y servicios bancarios a los ordenadores personales, los teléfonos y equipos audiovisuales, el transporte, los libros electrónicos o el comercio a través de Internet.

La concreción de estos criterios facilitará también a las empresas la garantía del cumplimiento de las premisas establecidas por el Acta, acercándose de este modo a las necesidades e intereses de un mercado de unos 80 millones de potenciales clientes, que verán solventadas muchas de las limitaciones que hoy padecen como consumidores, usuarios y, en definitiva, como ciudadanos.

Otro efecto directo de la nueva normativa será el respaldo a la defensa de los derechos que les asisten a los europeos con discapacidad,  al fijar criterios y procedimientos para garantizar que sean plenamente respetados o denunciar su incumplimiento. Afecta a cuestiones tan cruciales como el derecho a la libertad de movimiento, una de las cuatro ‘libertadas fundamentales’ que establece la UE.

ONCE y su Fundación, con el empujón final

En definitiva, se trata de “un gran logro” del movimiento de la discapacidad europeo, según reiteró Miguel Carballeda, en el que la ONCE y su Fundación -en colaboración directa con el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF)- han tenido una participación activa y han trabajado como agentes dinamizadores del proceso.

ONCE, su Fundación ONCE y su grupo de empresas sociales ILUNION vienen apostando históricamente por la accesibilidad como un bien de mercado que repercute en inclusión pero, sobre todo, que beneficia al mercado de forma global y a la sociedad en general. Así lo explicaron en su reciente visita a Bruselas, en la que reclamaron la aprobación de esta Acta como ‘referente’ de la discapacidad en la Unión Europea. Los responsables comunitarios se mostraron muy receptivos con esta petición, y la comisaria Thyssen, verdadera impulsora institucional de esta iniciativa, puede sentir la satisfacción de verla hecha realidad durante su mandato. “Si bien, el modo en que se ha llevado a cabo su publicación puede conllevar ahora un excesivamente largo proceso de implantación”, matiza Bárbara Martín (archivo mp3).

En este sentido, la ONCE y su Fundación tratarán también de mantener su acción para acelerar y acortar la implantación de la nueva directiva que, en su diseño, ofrece a los Estados miembros un periodo de aplicación de seis años desde su entrada en vigor.