La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo hizo pública, el 15 de marzo, su sentencia 610 de 2016, desestimando el recurso de la Generalitat de Cataluña que reclamaba -dentro de la competencia autonómica de gestión de las subvenciones sociales- también las derivadas del actual modelo de reparto del 0,7% del IRPF que reciben multitud de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades ligadas al Tercer Sector (y en muchos casos a las organizaciones de personas con discapacidad). Dichos colectivos habían expresado su inquietud ante esta posible variación que -denunciaron- podía poner en peligro su supervivencia.

Con los objetivos básicos de contribuir a la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, las Fundaciones ONCE y Legalitas suscribieron, el 21 de marzo, un convenio signado por sus respectivos presidentes, Miguel Carballeda y Alfonso Carrascosa. En concreto, el acuerdo ahora alcanzado con la Fundación de la firma de asesoría jurídica persigue la mejora de la cooperación legal con las personas con discapacidad, para impulsar iniciativas, programas, proyectos y acciones conjuntas que aporten valor añadido al proyecto, como el desarrollo de servicios tecnológicos conjuntos.