La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo hizo pública, el 15 de marzo, su sentencia 610 de 2016, desestimando el recurso de la Generalitat de Cataluña que reclamaba -dentro de la competencia autonómica de gestión de las subvenciones sociales- también las derivadas del actual modelo de reparto del 0,7% del IRPF que reciben multitud de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades ligadas al Tercer Sector (y en muchos casos a las organizaciones de personas con discapacidad). Dichos colectivos habían expresado su inquietud ante esta posible variación que -denunciaron- podía poner en peligro su supervivencia.

Las organizaciones compelidas por la decisión del Supremo han expresado su honda satisfacción y alivio, calificando la sentencia de ‘histórica’ para el Tercer Sector y en la esperanza de que constituya un punto de inflexión hacia un modelo estable y sostenible de financiación para estos colectivos ligados a la solidaridad y la acción social.

El Tribunal Supremo considera que el reparto del IRPF no invade competencias autonómicas al tratarse de subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general, adscritas por tanto a un tratamiento de supraterritorialidad que excede el estricto ámbito autonómico y cuya ejecución estima imprescindible para el cumplimiento de la legislación básica de Estado.