Los más de 700.000 andaluces con alguna discapacidad legalmente reconocida dispondrán en breve de un nuevo marco legal y de derechos ciudadanos, tras la aprobación por la Junta del denominado Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las personas con discapacidad, que ahora habrá de aprobar el Parlamento autónomo.

La norma actualiza la legislación actual (que data de 1999) y contempla la consideración por la Administración de las condiciones específicas -tanto de tipo social, como de carácter personales de salud, etc.- de cada una de las personas con discapacidad a la hora de garantizar el adecuado ejercicio de sus derechos ciudadanos. El Gobierno andaluz pretende destinar un presupuesto anual de más de 1.300 millones para implementar las diferentes medidas contempladas por esta nueva normativa, según explicó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Mª José Sánchez, al término de la reunión de gobierno del Ejecutivo andaluz el pasado 26 de agosto.

En materia de accesibilidad se quiere acabar con el sobreprecio que a menudo han de pagar las personas con discapacidad por el disfrute de diversos servicios (como hoteles, teatros, etc.), al reservarse la eliminación de barreras a las plazas o espacios más caros.

También hay consideraciones en materia de género, en especial en materia de violencia, contemplado la adecuación accesible de las casas de acogida o la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas. Y en otro orden de cosas, se reservará un 4 % de las viviendas de protección oficial para las personas con discapacidad.

Pero quizá el aspecto en el que se hace mayor hincapié es el relativo a la formación y el empleo, estableciéndose la adjudicación del 3 y 5 % en el número de plazas de los cursos de formación y talleres de empleo para miembros de estos colectivos. Además, se premia a las empresas que cuenten en su plantilla con un mínimo del 70 % de trabajadores con discapacidad al reservársele a ellas un 5 % del importe anual de toda la contratación pública de la Junta.

El fácil acceso del alumnado discapacitado a actividades universitarias, el apoyo jurídico a personas con discapacidad privadas de libertad o el impulso de viviendas tuteladas y prestaciones económicas complementarias a las estatales son otros de los objetivos del nuevo Proyecto de Ley.

(Ampliación de la noticia en la web de la Junta de Andalucía)