Los más de 700.000 andaluces con alguna discapacidad legalmente reconocida dispondrán en breve de un nuevo marco legal y de derechos ciudadanos, tras la aprobación por la Junta del denominado Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las personas con discapacidad, que ahora habrá de aprobar el Parlamento autónomo.

La norma actualiza la legislación actual (que data de 1999) y contempla la consideración por la Administración de las condiciones específicas -tanto de tipo social, como de carácter personales de salud, etc.- de cada una de las personas con discapacidad a la hora de garantizar el adecuado ejercicio de sus derechos ciudadanos. El Gobierno andaluz pretende destinar un presupuesto anual de más de 1.300 millones para implementar las diferentes medidas contempladas por esta nueva normativa, según explicó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Mª José Sánchez, al término de la reunión de gobierno del Ejecutivo andaluz el pasado 26 de agosto.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, reflexiona acerca de la presencia real de los profesionales con discapacidad en el mundo laboral en el artículo ‘¿Hacen bastante las profesiones colegiales por la inclusión?’, publicado en el último número de la revista ‘Profesiones’ que edita la Unión Profesional.

El máximo responsable nacional del movimiento español de personas con discapacidad indica al respecto que, “cuando no hay indicios suficientes es de suponer que no hay inquietud, que no hay ciencia ni conciencia, y que se trata, pues, de un asunto subalterno, marginal incluso, que no ocupa posiciones de relevancia en las agendas de las profesiones colegiales”.