Para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es imprescindible que las instituciones europeas fortalezcan el diálogo civil en todos aquellos procesos que impliquen adopciones de políticas específicas para el colectivo de ciudadanos con discapacidad. Así lo planteó el pasado mes de septiembre en sus propuestas al borrador de documento del Consejo de Europa sobre el proyecto de directrices para la participación ciudadana en las decisiones políticas.

Por otro lado, el CERMI recuerda que la Constitución española reconoce a los ciudadanos el de “participar en los asuntos públicos, directamente”, como derecho diferente al de representación política, para facilitar la participación ciudadana y la democracia cívica. Pero es un derecho -estiman- que no ha sido convenientemente desarrollado en todas sus potencialidades en nuestro país, por lo que considera esta iniciativa más que pertinente en España para evitar el alejamiento de los ciudadanos en relación a las decisiones políticas. En cualquier caso, ha de ser vista -aseguran- como "complementaria" de la representación a través de los partidos políticos.

Aportaciones específicas

En sus aportaciones, el CERMI indica que la garantía de un “entorno propicio” a las ONG, debe incluir, aparte los derechos fundamentales (libertad de asociación, de reunión y de expresión), aquellos apoyos públicos (reglamentarios, fiscales, etc.) más adecuados para garantizar que estas organizaciones pueden desarrollar su labor de servir de cauce a la participación de las personas. No se propugna incrementar su dependencia económica del sector público, sino ayudarlas a que, progresivamente, puedan ser autosuficientes.

En cuanto a los principios que deberían incluirse, uno esencial es el de la transparencia y buen gobierno, obligación que debe afectar al funcionamiento de las propias ONG, al igual que al sector público. Además, en su opinión, si se quiere contribuir a que las personas participen directamente en la toma de decisiones políticas, resulta imprescindible que simultáneamente se refuercen los mecanismos de transparencia a todos los niveles de las Administraciones Públicas. Resulta difícil pensar que los ciudadanos se encontrarían estimulados a participar si no cuentan con toda la información pertinente para ofrecer un juicio fundado.

Finalmente, en materia de participación, la plataforma de la discapacidad propone que se exijan las garantías necesarias para que el hecho de participar en la toma de decisiones no les pueda suponer a las personas riesgo alguno de represalias o perjuicios por la libre expresión del contenido de sus opiniones, dentro del marco legal. Y también dejar más claro que los medios de participación (sean espacios web o presenciales) reúnan los requisitos de accesibilidad universal para garantizar que todas las personas -incluidas las que tienen alguna discapacidad- puedan ejercitar de forma efectiva sus derechos de participación.

En todo caso, el CERMI saluda la iniciativa ya que resulta muy procedente para reforzar la participación directa de los ciudadanos en la vida política.