• Se estima que suponen un 13% de las asesinadas por sus parejas y exparejas

La aplicación de políticas coordinadas y bien financiadas en el ámbito de la violencia de género combinadas con los avances previstos en materia de autonomía personal “pueden ayudar a miles de mujeres con discapacidad en nuestro país a salir del infierno de la violencia y a decidir sobre su propia vida en libertad”, señala la Fundación CERMI Mujeres (FCM) en el arranque de este año 2017, al tiempo que lamenta la falta de información expresa sobre víctimas de violencia machista con algún tipo de discapacidad.

La organización pone el dedo en la llaga al proyectar el problema sobre situaciones concretas al destacar que “no sabemos cuántas mujeres con discapacidad presentan denuncia por ser víctimas de violencia de género, ni cuántas adquieren una discapacidad como consecuencia del maltrato. Tampoco conocemos cuántas niñas o niños nacen con una discapacidad debido a la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo”.

Ante este escenario, la FCM celebra que en las últimas semanas se haya puesto sobre la mesa la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género y otro para refundar y reforzar el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

De acuerdo con la macroencuesta presentada en 2015 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un 23,3% de las mujeres con una discapacidad igual o superior al 33% afirman haber padecido violencia física, sexual o miedo a sus parejas. Un porcentaje que apenas sobrepasaba el 15% entre las mujeres sin discapacidad.

Especial gravedad refleja la estadística de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, un 13% de las cuales tenía una discapacidad reconocida, porcentaje que en realidad es sensiblemente más elevado dado que muchas mujeres, siendo afectadas, no cuentan sin embargo con el reconocimiento oficial de discapacidad.

El boletín ‘Generosidad’ de la FCM recoge un informe al respecto que destaca la necesidad de reforzar la perspectiva de género en la denominada ‘cuarta pata del estado del bienestar’, ya que entre otras cosas, no ha servido para sacar de la situación precaria en la que se encuentran muchas cuidadoras en España.

A fecha 31 de octubre de 2016, los datos oficiales muestran que el 65% de las personas solicitantes de atención eran mujeres, en su mayoría con más de 65 años. En cuanto a las prestaciones reconocidas a las personas beneficiarias (856.452 en total), la prestación económica vinculada a la asistencia personal es anecdótica, ya que solamente supone el 0,51% del total, al igual que sucede con las prestaciones relacionadas con la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, que se quedan en el 3,54%.

Por contra, la prestación económica vinculada a los cuidados en el entorno familiar supone casi el 34% de los servicios totales, por lo que la FCM denuncia que “los datos refrendan el temor inicialmente expresado de que se consolidara un sistema basado en los cuidados informales”.