Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, reclamó el pasado 28 de febrero a los partidos del arco parlamentario que impulsen una reforma legal sobre el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual, de manera que esta situación no les impida automáticamente el derecho a voto. Según ha trasladado Becerril al Gobierno lo que debería acotar este derecho es el grado de discapacidad, pero no la condición per se.

Como ya informó Así Somos, más de 500 personas se reunieron el 8 de febrero en Madrid, ante el Tribunal Constitucional, para exigir el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Una concentración organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), junto a Down España y la asociación Plena Inclusión, a la que se adhirieron representantes del resto de organizaciones de personas con discapacidad.

El desencadenante de esta movilización de personas e instituciones se encuentra en un dictamen del Tribunal Constitucional de finales de 2016, al no admitir el recurso de amparo de los padres de una joven gallega con discapacidad intelectual,Mara, que reclamaron el derecho al voto de su hija.

En la citada concentración ante la sede del Tribunal Constitucional, que reunió a afectados procedentes de varias Comunidades, como Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La La Mancha y Madrid, se esgrimieron lemas como “Con mi voto no se juega”  o “Mi voto también cuenta”.