• Los senadores se comprometen a apoyar y difundir la aplicación ‘PorMí’ para proteger a las mujeres con discapacidad y los diputados conocen las exigencias del colectivo ante el Pacto de Estado contra la violencia de género

La Fundación CERMI Mujeres presentó este 27 de marzo en el Senado la aplicación ‘PorMí’, ideada para mujeres con discapacidad que sean potenciales víctimas de violencia de género y que ya cuenta con más de 300 descargas. Un día después, el martes 28, compareció también en el Congreso de los Diputados para plantear las exigencias del sector ante la negociación en marcha de un Pacto de Estado contra la violencia de género.

La iniciativa ‘PorMí’ recabó el apoyo de los senadores, que se comprometieron a actuar como “embajadores” de esta nueva app. Una herramienta digital accesible que permite detectar fácil y rápidamente si sus usuarias se enfrentan a una situación de violencia. “Hay muchas mujeres con discapacidad incapacitadas legalmente y que son víctimas de violencia de género”, aseguró en la Comisión de Igualdad del Senado la vicepresidenta ejecutiva de esa fundación y consejera general de la ONCE, Ana Peláez, según recoge la agencia Servimedia.

CERMI Mujeres llama la atención sobre el hecho de que estas personas pueden tender, ellas mismas, a considerar estas situaciones como “normales” al haber estado expuestas a algún tipo de violencia durante largo tiempo. Por ello plantean ejemplos sencillos de situaciones con las que puedan identificarse, y recuerdan la asistencia mediante contacto directo a través de los teléfonos 112 y el más específico 016, como explicó la coordinadora de CERMI Mujeres, Isabel Caballero.

La aplicación cuenta asimismo con una especial pestaña de cierre automático y mecanismos de seguridad para que el posible agresor no pueda localizarla en el teléfono de la víctima.

En la Carrera de San Jerónimo

Sólo un día más tarde, la propia Ana Peláez acudía al Congreso de los Diputados para participar en los debates de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, dependiente de la Comisión de Igualdad de la cámara baja. Allí reclamó que este futuro acuerdo recoja las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad (2,5 millones en España y 48 y 600 millones a nivel europeo y mundial, respectivamente).

En nombre de CERMI Mujeres solicitó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que incluya la variable de discapacidad en todas sus estadísticas y que realice una macroencuesta específica sobre su situación ante las diferentes formas de violencia; exigió acabar con las esterilizaciones sin el consentimiento informado; que se erradiquen los abortos coercitivos; desplegar planes de formación sexual para ellas; e impulsar la implicación del Ministerio Fiscal para investigar posibles casos de violencia contra mujeres con discapacidad en ámbitos residenciales, donde están también expuestas a abusos. Además, exigió que se mejore la formación de los profesionales que atienden a víctimas de violencia con discapacidad; garantizar su acceso en igualdad de condiciones a la justicia; hacer accesibles los recursos de asistencia a víctimas, como las casas de acogida; o tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas que adquieren una discapacidad tras situaciones de violencia o abusos.