El Grupo Parlamentario Socialista ha llevado hasta el Congreso de los Diputados la demanda del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), a través de una proposición no de ley solicitando del Gobierno la declaración de la jornada del 3 de mayo como Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La iniciativa -que deberá abordar ahora la Comisión para Políticas Integrales de la Discapacidad- tiene como objetivo impulsar “el conocimiento, la difusión y la toma de conciencia sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en España”, según remarca la proposición del PSOE, en referencia expresa a lo establecido por el artículo 8 de la Convención de la ONU, ratificada por nuestro país.

Labor para la que entiende que será de gran efectividad “dedicar oficialmente una jornada a este instrumento jurídico internacional”, que conllevaría “la celebración de iniciativas, actividades y todo tipo de eventos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, con su aplicación y seguimiento, contribuyendo a generar toma de conciencia y cultura sobre esta realidad social y jurídica”.

La elección de esta fecha sería un homenaje al 3 de mayo de 2008, día en que entró en vigor esta Convención internacional, como “prueba del compromiso de España con los principios, valores y mandatos de este tratado, y en particular, con el de generar y extender una cultura activa de asunción y ejercicio práctico”.

Crítico balance del ‘estado de la discapacidad’

Por cierto que el CERMI acaba de hacer público su informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad en España 2016, un análisis que aborda con espíritu crítico el ‘estado de la discapacidad’ en nuestro país, en el marco precisamente de las exigencias que plantea la Convención Internacional de la ONU, vigente en España desde el año 2008, pero todavía con grandes incumplimientos como vienen denunciando estos anuales informes del CERMI a partir de las quejas y denuncias de vulneraciones de derechos que recibe y de las investigaciones que él mismo impulsa en este terreno.

En el informe correspondiente a 2016, décimo que elabora en esta tarea auditora, resalta “la persistencia de violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos por parte de los poderes públicos y las autoridades que no han sido corregidas después de 10 años de vigencia del tratado”. Y entre los incumplimientos que permanecen insiste en destacar los de privación del derecho de voto, la educación segregada, ausencia de entornos accesibles, institucionalización forzada, inexistencia de apoyos para la vida independiente o los problemas de inclusión en la comunidad, entre otros.