La Fundación CERMI Mujeres presenta a los medios el primer informe específico sobre esa lacra en este sector de la población

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha alertado de que en torno al 31% de las mujeres con discapacidad ha sufrido en alguna ocasión algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, lo que prueba la mayor exposición de este grupo social a ser víctima de dicho problema. Así lo recoge el informe ‘Violencia de género hacia las mujeres con discapacidad’, elaborado por la Fundación CERMI Mujeres (FCM) a partir de la macroencuesta de 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que presentó el pasado 3 de abril a los medios de comunicación.

El estudio, que se publicó en formato libro en diciembre del año pasado dentro de la colección 'Generosidad' de la FCM, se ha elaborado analizando los datos específicos de las mujeres con discapacidad que han tenido en algún momento pareja (452), y comparándolos con las respuestas de las mujeres sin discapacidad que también han tenido o tenían pareja a la hora de ser encuestadas (9.275).

Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Isabel Caballero, coordinadora de la misma, y la consultora Esther Castellanos, encargada de la elaboración del informe, presentaron el estudio que concretamente señala que la violencia psicológica emocional (entendida como insultos, menosprecio, intimidación o amenazas verbales) es la que con mayor frecuencia sufre este grupo de mujeres (un 24,5%) por parte de su pareja actual o anterior, frente al 14% de mujeres sin discapacidad que señalan este rango. Asimismo, un 23% de las mujeres con discapacidad han sufrido en algún momento la violencia psicológica de control, frente al 15,1% de las que no tienen discapacidad.

En el caso de la violencia económica, la cifra es del 13% frente al 6,4%, mientras que la violencia física la han sufrido el 11% de las mujeres con discapacidad, dato que no pasa del 4,7% entre las que no tienen discapacidad.

En relación a las preguntas sobre violencia sexual, un 7,6% de las mujeres con discapacidad declararon que su actual pareja o una pareja anterior les ha obligado a mantener relaciones sexuales; un 5,3% han mantenido relaciones sexuales sin desearlo porque tenían miedo de lo que podría hacer su pareja si se negaba; y un 3,4% han sido obligadas a realizar alguna práctica de tipo sexual que no deseaban o les resultaba degradante o humillante.

El informe de la FCM pone de manifiesto, además, que en todos los casos las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia tienen una peor percepción de su estado de salud a posteriori que las mujeres sin discapacidad.

Macroencuesta sobre violencia

No obstante, para Ana Peláez los datos existentes en la actualidad son “claramente insuficientes para conocer en profundidad la realidad de las diferentes formas de violencia machista que sufren las mujeres con discapacidad. Para poner en marcha todas las soluciones acertadas, primero hay que conocer realmente la situación”, afirmó.

En consecuencia, reclamó la urgente necesidad de realizar una macroencuesta específica sobre violencia machista contra mujeres con discapacidad, en la que se tengan en cuenta aspectos como las particularidades de cada tipo de discapacidad, la violencia contra mujeres incapacitadas e institucionalizadas y las diferentes formas de violencia que sufren niñas con discapacidad. A su juicio, en esta macroencuesta debería utilizarse el concepto de violencia de género establecido por el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que va más allá del recogido en el Convenio de Estambul y en la propia Ley Integral contra la Violencia de Género de España. Además, ha instado a que se tenga en cuenta la variable de discapacidad en todos los estudios que en materia de violencia machista se hagan en España, puesto que en la actualidad se atiende a este aspecto únicamente en las estadísticas de víctimas mortales.

Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de la FCM hizo hincapié en la importancia de realizar una “auditoría de las condiciones de accesibilidad de todos los recursos contra la violencia de género, como por ejemplo las casas de acogida”. Y, por último, pidió que se realice un estudio específico sobre la esterilización forzada en España contra mujeres y niñas con discapacidad, “puesto que esto también es una forma de violencia contra las mujeres”.