El Comité Ejecutivo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acaba de presentar y publicar el ‘Informe de Derechos Humanos y Discapacidad, España 2016’, documento que examina de manera crítica el estado de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España en el año 2016, con arreglo al marco de exigencias de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), vigente en nuestro país desde 2008.

En su condición de ''mecanismo independiente' de seguimiento de ese tratado internacional en España, reconocido por Naciones Unidas, el CERMI elabora anualmente este informe general de situación, que se nutre de las quejas y denuncias de vulneraciones de derechos recibidas o registradas, de las investigaciones y encuestas realizadas a instancia propia y de la revisión de toda la información relevante disponible en relación con la calidad y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

El informe de 2016 denuncia la persistencia de violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos por parte de los poderes públicos y las autoridades que no han sido corregidas tras 10 años de vigencia del tratado de derechos humanos de las personas con discapacidad de la ONU. Como la mantenida privación del derecho de voto a parte del colectivo, la educación segregada, la ausencia de entornos accesibles, la institucionalización forzada, la inexistencia de apoyos para la vida independiente y para la inclusión en la comunidad... Son sólo algunas de las fallas con más carga vulneratoria que documenta este informe, que hace el número 10 de los estudios anuales realizados consecutivamente por el CERMI sobre esta materia, lo que supone la más prolongada indagación efectuada en España sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Según Óscar Moral, asesor jurídico de CERMI, “la información contenida permite, a través de la denuncia y la reivindicación, que los operadores jurídicos en particular y la sociedad en general, tomen conciencia de estas realidades vulneradas, y que por tanto puedan conocer los ámbitos de actuación necesaria y de respeto obligado. Ese análisis pormenorizado de los artículos de la Convención se complementa con propuestas de cambio normativo y también se resaltan y valoran las buenas prácticas”.

El texto contiene además una mención al informe presentado por la Defensora del Pueblo y un anexo especial en relación al décimo aniversario de la CDPD, que contiene un informe de las medias adoptadas por España en relación a las principales recomendaciones que le manifestó el Comité de la Convención en 2011,con la valoración de los retos pendientes tras 10 años de compromiso de nuestro país con la norma internacional.