Lo que arrancó siendo excepcional (la consideración de los aspectos relativos a la accesibilidad en las nuevas tecnologías) va, poco a poco, instalándose como norma habitual; al menos en lo que respecta a la contratación de productos y servicios tecnológicos por parte de la Administración. El reciente estudio del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) 'Compras TIC relacionadas con la Accesibilidad en la Contratación Pública en España' muestra que este rubro superó los 10.600 millones de euros en el periodo 2011 y 2015.

El informe, presentado el 20 de abril en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, destaca que las licitaciones TIC relacionadas con accesibilidad representaron el 58% del total, en general ligadas a los criterios de discapacidad. Lo que, en palabras de Juan Carlos Ramiro, director general del CENTAC, evidencia “la oportunidad de negocio para las empresas tecnológicas que supone este segmento del mercado”, al tiempo que advirtió del riesgo que corren aquellas que “no cumplan con los requisitos de accesibilidad cuando concurran a licitaciones públicas”. Así lo refrendaba el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, que defendió unas tecnologías accesibles que “faciliten la autonomía y la calidad de vida de todas las personas”. Porque, como señaló el director de Red.es (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), Jorge Pérez, “en España hemos pasado en pocos años de un 40% a un 80% de penetración social de Internet”, al tiempo que lamentaba que España, “con un marco regulatorio de los más avanzados de Europa en materia de discapacidad, no tenga una industria de las tecnologías de la información y la comunicación accesibles con mayor peso”.

Donde mayor peso tuvieron las licitaciones TIC relacionadas con discapacidad o accesibilidad fue en entidades locales (con un 67% de sus licitaciones), seguidas de las Comunidades Autónomas (66%), mientras en la Administración del Estado supusieron el 49%. Clasificación que la autora del informe, Rosa Tejerina, vincula a que los Ayuntamientos “prestan un servicio más directo al ciudadano”.

Por comunidades autónomas, Aragón es la más destacada, sobresaliendo también Canarias, Baleares y Galicia y, a continuación, Andalucía, Extremadura, Madrid y Murcia.

El informe incorpora además un segundo capítulo a modo de guía de ayuda para los posibles licitadores de modo que puedan garantizar la accesibilidad en los productos y servicios TIC que oferten a las Administraciones Públicas. Incorpora así una visión general de las leyes, directivas europeas y normas a aplicar, como la Directiva 2014/24/UE o el Proyecto de Ley de Contratos del Sector público, entre otros. Además, analiza dos directivas europeas que tendrán una gran importancia futura en este ámbito: la Directiva 2016/2102 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público; y la propuesta de directiva sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, también conocida como Acta Europea de Accesibilidad.

Un ejemplo de cooperación público-privada

El CENTAC, fundación cuyo objetivo es el desarrollo de las tecnologías accesibles en los ámbitos empresarial, industrial y de servicios, constituye un ejemplo de colaboración público-privada, integrando en su Patronato tanto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (a través del Real Patronato sobre Discapacidad), como a empresas y entidades de primer orden: El Corte Inglés, Fundación ONCE, Fundación Vodafone, Red.es (del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) o el Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia (CRE), contando además con Google como socio tecnológico.