El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe en el que analiza los diferentes contenidos sobre discapacidad, economía social y Tercer Sector que se recogen en el Plan Nacional de Reformas de 2017, aprobado en Consejo de Ministros el 28 de abril pasado y remitido posteriormente a la Unión Europea.

El CERMI, que realizó múltiples aportaciones durante la elaboración de este Plan de Reformas del Gobierno, celebra que en materia de discapacidad se incluya la puesta en marcha de numerosas medidas encaminadas a impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Entre ellas, la aprobación de una nueva Ley de inclusión laboral de este colectivo; reformas legales para mantener el derecho al trabajo de las personas con discapacidad sobrevenida; evitar que se produzcan situaciones discriminatorias en el acceso al empleo público; y reforzar los apoyos existentes para favorecer el emprendimiento por parte de este grupo social.

En el ámbito de la enseñanza, se menciona la necesidad de seguir avanzando para dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a que exista un único modelo de educación inclusiva. Mientras, en lo referente a la autonomía personal y atención a la dependencia, el Plan de Reformas recoge la importancia de entrar en una senda de recuperación del presupuesto destinado a esta área.

Por otro lado, el documento del Gobierno contiene la intención de reforzar la protección ante el mayor riesgo de pobreza energética de las personas con discapacidad, así como el incremento de los incentivos fiscales para ellos y sus familias y facilitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa a los hogares con personas con discapacidad. Del mismo modo, recoge las peticiones del CERMI de reducir o eximir del copago farmacéutico a las personas con discapacidad; mejorar las pensiones no contributivas; reforzar la atención sanitaria a las personas con discapacidad; y fortalecer la aplicación de la mencionada Convención de la ONU y el desarrollo del reglamento del Real Decreto del Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

La aprobación de un nuevo modelo de gestión de las ayudas sociales con cargo al 0,7 del IRPF, conservando un tramo estatal para programas que no puedan territorializarse, es otra de las demandas del CERMI y del Tercer Sector en general que se incluyen entre las medidas del Plan de Reformas.

Por último, la plataforma representativa de la discapacidad en España aplaude que se incluya la aprobación de un plan de impulso de las entidades del Tercer Sector, en línea con la propia Ley del Tercer Sector de Acción Social. En este sentido, se prevé fomentar la contratación pública socialmente responsable, mediante la reserva de contratos a centros especiales de empleo, entre otras medidas.