El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad organizarán el ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad: hacia un derecho inclusivo’, que se celebrará en Elche (Alicante) del 15 al 17 de noviembre próximos, y servirá para impulsar propuestas en favor de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y crear conciencia sobre la discriminación que todavía sufren.

El evento fue presentado el pasado 1 de junio por el coordinador de este congreso y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis Martínez-Pujalte, durante un encuentro informativo celebrado en la sede de la agencia Servimedia en Torre ILUNION (Madrid), junto a Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad.

Martínez- Pujalte explicó que el derecho de la discapacidad tiene como base eliminar las barreras que se oponen a la plena participación o que dificultan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. “Es en este sentido donde quiere ahondar el Congreso:  avanzar de  forma efectiva en la plena igualdad de las personas con discapacidad y en la corrección de las situaciones de discriminación que todavía se dan”, dijo.

El Congreso abordará aquellas cuestiones sobre las que España debe hacer reformas legislativas, como por ejemplo la de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. La capacidad jurídica, las esterilizaciones forzosas o la educación inclusiva son otras de las cuestiones sobre las que el Estado debe implementar reformas y que se abordarán en el encuentro de Elche.

A la luz de la Convención de la ONU

Por su parte, Luis Cayo Pérez resaltó que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “ha sido una revolución positiva para los derechos humanos de las personas con discapacidad, cuyos efectos, lamentablemente, vamos a tardar generaciones en ver realizados”. Y es bajo su literalidad desde donde “debemos sensibilizar al mundo jurídico y legislativo -dijo-. España fue el primer país de la Unión Europea en ratificar la Convención y el segundo en todo el mundo, pero cuando se trata de actualizar el Código Civil o cambiar leyes que afectan a personas con discapacidad, entonces la situación se ralentiza. Encontramos resistencia”.

Pérez Bueno señaló también que el déficit en la aplicación de la Convención de la Discapacidad en España, igual que en otros países, no sólo es una cuestión del poder legislativo, sino también del judicial, aunque destacó el “compromiso” del Ministerio Fiscal con las personas con discapacidad, recordando que recientemente el CERMI ha firmado con la Fiscalía General del Estado una Instrucción para reforzar la protección de los menores con discapacidad en los medios de comunicación. En esta línea, Martínez-Pujalte apuntó que “el problema que ha tenido la aplicación de la Convención es que no se han tomado las medidas legislativas necesarias y, además, existe un conocimiento deficiente de su contenido por parte de los tribunales. Han hecho una aplicación inadecuada”.

El Congreso cuenta con el patrocinio de la firma de abogados Garrigues y entidades como la Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Elche, Hidraqua, Univerdad Miguel Hernández de Elche, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Juan Peran Pikolinos, Ibidem Law & Strategy, ilustre Colegio de Abogados de Elche o Fundación Æquitas.