El Senado reclama modificar los reglamentos de las casas de acogida para que ninguna víctima con discapacidad pueda ser rechazada por este motivo, como sucede en la actualidad, según el último informe de la ponencia para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en la Cámara Alta. En la actualidad las mujeres con problemas de salud mental y con discapacidad intelectual, entre otras, se ven excluidas de muchos de estos recursos, como expusieron las representantes de la Fundación Cermi Mujeres (FCM) que comparecieron para la elaboración de dicho informe. "Todo esto habrá de regularse en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que son las que tienen la potestad en este terreno. No vamos a decirles cómo, pero sí establecer que ninguna discapacidad sea motivo de exclusión", recalcaron las expertas de la FCM. De las 267 medidas que contiene el informe, 18 están dedicadas a las víctimas con discapacidad con un apartado concreto dentro del texto y exigiendo mejorar la información sobre el tema y que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género elabore una mancroencuesta que proporcione datos fiables.

Por otro lado, también sugiere que, en todas las informaciones que elaboren las administraciones públicas, aparezcan desagregadas las cifras referidas a mujeres con discapacidad. La ponencia pide igualmente que se asegure la accesibilidad a todos los recursos (sanitarios, sociales, judiciales y de acogida) a las víctimas con discapacidad. Ello supone garantizar la accesibilidad física a las casas, pero también la usabilidad de las páginas web por parte de personas ciegas y, por supuesto, la disponibilidad de intérpretes de lengua de signos. Este punto merece una medida concreta, que reclama la presencia de mediadoras expertas en lengua de signos para acompañar a las mujeres con discapacidad auditiva en todo el proceso.

También se solicitan campañas específicas dirigidas a este colectivo, así como formación especializada sobre violencia de género para todos los agentes que trabajen con personas con discapacidad (personal sanitario, asistentes sociales, psicólogos, educadores y agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado), con el objetivo de que estos profesionales sean capaces de identificar cuándo estas mujeres pueden estar sufriendo violencia de género. El texto propone finalmente mejorar los protocolos de coordinación y elaborar materiales educativos específicos para niñas y jóvenes con discapacidad.