El CERMI andaluz ha participado en su redacción y contenidos para blindar los derechos de las personas con discapacidad en la Comunidad

El Parlamento andaluz aprobó el pasado 13 de septiembre una nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que amplía la mera asistencia sanitaria que ofrecía la vigente desde 1999 con derechos sociales y medidas para la igualdad de oportunidades que ahora quedan blindados. La ley, que incluye una memoria económica de 1.300 millones de euros anuales, dará cobertura a unas 720.000 personas con algún grado de discapacidad, casi el 10% de la población andaluza.

Entre sus novedades, destaca el aumento del 7 al 10% en la reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas públicas de empleo -el 1% de ellas para personas con enfermedad mental-, además del 3% de las plazas en los cursos de formación para el empleo y el 5% en las de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. Otra medida para fomentar la inserción laboral de los discapacitados es una reserva del 5% del importe anual de la contratación de la Junta a favor de las empresas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad.

En esta línea, la ley obligará a que administraciones y empresas aprueben planes de empleabilidad, con un enfoque de género para fomentar la contratación de mujeres con discapacidad, e incluye un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar hasta el millón de euros.

El CERMI aplaude la norma

La plataforma representativa de la discapacidad en la Comunidad, CERMI-Andalucía, celebró con matices, nada más darse a conocer, la aprobación de esta nueva norma, en la que ha participado con aportaciones y enmiendas que han sido recogidas y que redundarán en una mejora de la inclusión social de los andaluces con discapacidad.

Así lo expresaba (0,37 MB) la secretaria general del CERMI-Andalucía, y presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en esa Comunidad, Isabel Viruet, para quien -por otro lado- este paso reafirma a Andalucía a la vanguardia (0,11 MB) en nuestro país en materia de inclusión de las personas con discapacidad.  

Las entidades miembros del CERMI Andalucía han mostrado en general su satisfacción por el hecho de que la ley recoja sus reivindicaciones, siguiendo las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales andaluza, María José Sánchez Rubio, destacó la participación del CERMI en la elaboración del texto, así como de las organizaciones y asociaciones relacionadas con el sector de la discapacidad en la Comunidad Autónoma, y de los agentes sociales y económicos, públicos y privados, que han presentado más de 400 aportaciones para la elaboración de la norma.

La nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad quedó aprobada con el voto en contra del PP-A, la abstención de IULV-CA y el respaldo del PSOE-A, Podemos y Ciudadanos.

Transversalidad de género

Con objeto de lograr la plena inclusión social, CERMI Andalucía valora muy positivamente que la ley destaque la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres en particular. Al respecto, la norma incorpora la obligatoriedad de recoger datos estadísticos sobre violencia de género hacia mujeres con discapacidad, así como también de las hijas e hijos nacidos con discapacidad como consecuencia de la violencia durante el embarazo. E incluye en su articulado una mención específica a las desigualdades basadas en el género y al reconocimiento de las mayores dificultades, por este motivo, que afrontan las niñas y mujeres con discapacidad. En este sentido, el CERMI estima muy relevante la obligatoriedad de introducir medidas específicas que garanticen la accesibilidad a los servicios y recursos en materia de prevención, detección y atención a mujeres en situación de violencia de género en las políticas y programas que se desarrollen desde la Administración Pública, reconociendo así la vulnerabilidad de las niñas y mujeres con discapacidad frente a la violencia de género. La accesibilidad del teléfono de información a la mujer para las mujeres sordas se convierte, con ello, en un derecho. Un tratamiento en general que Isabel Viruet quería destacar (0,29 MB) como una de las principales aportaciones de la nueva norma.   

Además, la nueva Ley instaura Planes de Acción Integral para mujeres con discapacidad como herramientas clave para la reducción de las desigualdades de género. CERMI Andalucía apostó desde el principio por esta medida de acción positiva, que ya se había desarrollado en esa Comunidad Autónoma entre los años 2007-2013, con algunos resultados interesantes. Así pues, confían en que desde el Gobierno autonómico se mantendrá el diálogo y la colaboración para el diseño, ejecución y evaluación de estos planes de acción, necesariamente transversales a todas las consejerías y sus políticas, con medidas específicas.

Educación y Atención Temprana

En el área educativa, la Ley prohíbe expresamente a los centros docentes públicos o privados denegar el acceso a alumnos o demás miembros de la comunidad educativa con discapacidad. Mientras, las universidades andaluzas deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad, así como disponer de una unidad o servicio de atención y apoyo a la discapacidad. Las universidades andaluzas estarán representadas en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.

También prevé el derecho a la atención infantil temprana para los menores de seis años mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como a una educación inclusiva, permanente y de calidad. E igualmente se reconoce de manera específica el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para poder llevar una vida independiente. Por otro lado, en materia de comunicación, imagen y publicidad, el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.

Y por último, la ley tipifica las infracciones a esta normativa y las clasifica en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros, dependiendo de la calificación de la infracción.

Para Sánchez Rubio, se trata de una ley de largo recorrido y “muy efectiva para consolidar los derechos de las personas con discapacidad". El PP, por su parte, avisó de que esta ley podría ser "la oportunidad de dar un paso hacia delante en la inclusión y la solidaridad", en su intento de conseguir una ley aprobada por unanimidad, pero finalmente no se ha adherido al considerar que no cuenta con dotación presupuestaria ni se han admitido una serie de las enmiendas que ellos mismo habían presentado y que ellos mismo valoran como "necesarias".

Diferentes colectivos afectados han mostrado su malestar por esta falta de consenso.

COCEMFE defiende en el Congreso los derechos de las personas con discapacidad

Mientras la nueva Ley de Discapacidad en Andalucía veía la luz en Sevilla, el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, comparecía, el mismo día 13, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, en Madrid, para defender los derechos y libertades del colectivo a escala nacional. Tras apostar por “la libertad de las personas con discapacidad para decidir dónde quieren vivir” y por “un modelo participativo en el que los recursos y programas estén a su servicio”, Queiruga reivindicó “el desarrollo de la figura de la asistencia personal para que las personas con discapacidad y con necesidad de apoyos continuados puedan diseñar, en cierta medida, su modelo de vida”.

En el ámbito de la igualdad, abogó por  favorecer el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y promover una socialización igualitaria y libre de estereotipos sobre género y discapacidad; y en el ámbito educativo criticó “las graves deficiencias del sistema”, exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente para “garantizar el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, con recursos docentes, materiales y económicos suficientes para que terminen los estudios, y tengan un desarrollo formativo similar al del resto de sus compañeros y compañeras sin discapacidad”.

Queiruga trasladó también a la Comisión las “consecuencias sobre la salud y la calidad de vida que se derivan de las reducciones de inversión sanitaria y de la ineficaz gestión de los servicios sociosanitarios”, y puso sobre la mesa la necesidad de revisar el baremo de discapacidad para que éste “sea equitativo, y responda a las necesidades de las personas con enfermedades muy discapacitantes que en la actualidad no son reconocidas”. Además defendió un catálogo ortoprotésico sin  “inequidades en el acceso a las ayudas técnicas dependiendo de la causa de la discapacidad”, y se refirió al binomio imposible de muchas personas con discapacidad: menos recursos y más gastos. Por lo que además hizo referencia a la ILP contra el 'Copago Confiscatorio', ya que se trata -denunció- de volver a pagar por unos servicios que, en su opinión, “son imprescindibles por nuestra situación personal. Podríamos decir que es un delito en un Estado de Derecho”.

En relación al empleo, reclamó el desarrollo de una Ley General de Empleo que incluya medidas como “la reserva de empleo para personas con discapacidad en medianas empresas y un aumento de la cuota en las grandes”, y propuso “la implantación de un salario social básico compatible con el trabajo a tiempo parcial”, ya que “hay miles de personas con discapacidad física y orgánica que están fuera de las prestaciones del sistema y con unas posibilidades muy limitadas de acceder al empleo de calidad”.

También señaló que “es una obligación moral y legal que las empresas tengan las condiciones mínimas para que todos podamos trabajar en ellas” y criticó la proliferación de centros especiales de empleo de iniciativa privada, señalando que este tipo de centros deberían ser el “resultado del emprendimiento social, del emprendimiento de las personas con discapacidad individualmente o mediante sus entidades representativas”.

En relación a la obligación legal de que el 4 de diciembre de este año 2017 sean accesibles todos los productos, bienes, entornos y servicios, reivindicó la “puesta en marcha de una ambiciosa estrategia sobre accesibilidad en nuestro país”. Igualmente, incidió en “la necesidad de modificar de una vez por todas la Ley de Propiedad Horizontal” por ser “una cuestión de dignidad para todos aquellos que, por la razón que sea, tienen movilidad reducida”; e hizo un llamamiento a extender la cultura de la accesibilidad universal en nuestro país.

Queiruga se refirió a la “transformación de las convocatorias de ayudas a cargo del 0,7 del IRPF, lo que -advirtió- puede suponer la desaparición de entidades estatales y, por lo tanto y más grave, la desatención de personas con enfermedades crónicas y/o minoritarias”.

Finalmente, el presidente de la Confederación hizo un llamamiento a “aprovechar que esta Comisión por fin tiene carácter legislativo” para que “el avance hacia la libertad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida sea mucho más ágil y decidido; y acabe con las demandas históricas que llevamos planteando desde hace casi 40 años”.