Sevilla y Valencia sirven de escenarios a sendas galas de entrega de premios junto a las primeras autoridades autonómicas y locales y la sociedad civil

“Estos son los actos que nos permiten reconciliarnos con la civilización en un momento en el que crecen la intolerancia, el egoísmo y la insolidaridad. Reconforta que colectivos que garantizan la igualdad entre personas, en una tierra tan generosa y solidaria como Andalucía (0,19 MB)”, manifestó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la entrega el pasado 25 de septiembre, en Sevilla, de los Premios Solidarios ONCE Andalucía 2017, que este año tienen como eje temático -en cada una de las Comunidades Autónomas- el concepto de la diferencia como valor que enriquece a la sociedad.

La tasa de actividad  de las personas con discapacidad es mucho más baja que en el resto de la sociedad, lo que “exige un nuevo marco jurídico que favorezca su incorporación al empleo y posibilite que su tasa de actividad se sitúe en torno al 50% en los próximos cinco años”, manifiestó Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, durante su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Senado, el 19 de septiembre,defendiendo, junto a Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad y su inclusión social en todos los ámbitos.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el 20 de septiembre el dictamen de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Jurado, que suprime las restricciones a la hora de que las personas con discapacidad pudieran formar parte de este tipo de tribunal. El CERMI celebra la decisión de la Comisión, cuyo texto se someterá a votación en el Pleno de la Cámara Baja y posteriormente será enviado al Senado, donde se inició la tramitación de la reforma con su admisión a trámite tras una propuesta del propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

El CERMI andaluz ha participado en su redacción y contenidos para blindar los derechos de las personas con discapacidad en la Comunidad

El Parlamento andaluz aprobó el pasado 13 de septiembre una nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que amplía la mera asistencia sanitaria que ofrecía la vigente desde 1999 con derechos sociales y medidas para la igualdad de oportunidades que ahora quedan blindados. La ley, que incluye una memoria económica de 1.300 millones de euros anuales, dará cobertura a unas 720.000 personas con algún grado de discapacidad, casi el 10% de la población andaluza.

Los directores y gerentes en Servicios Sociales alertan de que sólo se reduce en las personas con menor grado de afección

La lista de espera de personas desatendidas, tras tener reconocido un grado de dependencia que les da derecho a recibir una ayuda, ha bajado un 16,2% entre julio de 2016 y el mismo mes del presesne año, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Dicho recorte se ha conseguido por la vía más barata -indica la asociación en su último informe-, ya que la atención se ha concentrado en las personas con menos necesidades, que son las que, en consecuencia, requieren una atención que le sale más barata al Estado. Enfoque que se evidencia cuando se desglosa el número de desatendidos en función de su gravedad. En julio de 2016 había 375.600 personas en la lista de espera. De ellas, 249.700 (el 66,5%) tenía un grado I (los más leves), y el 33,5% restante (125.900) lo formaban las de mayor gravedad (los grados II y III). Un año después, el total ha bajado el 16,2%, hasta las 314.700 personas, pero de ellas 193.800 tenían un grado I (un descenso del 22,4%), mientras que las que están en situaciones más graves habían bajado apenas un 4%, hasta las 120.900.