Los directores y gerentes en Servicios Sociales alertan de que sólo se reduce en las personas con menor grado de afección

La lista de espera de personas desatendidas, tras tener reconocido un grado de dependencia que les da derecho a recibir una ayuda, ha bajado un 16,2% entre julio de 2016 y el mismo mes del presesne año, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Dicho recorte se ha conseguido por la vía más barata -indica la asociación en su último informe-, ya que la atención se ha concentrado en las personas con menos necesidades, que son las que, en consecuencia, requieren una atención que le sale más barata al Estado. Enfoque que se evidencia cuando se desglosa el número de desatendidos en función de su gravedad. En julio de 2016 había 375.600 personas en la lista de espera. De ellas, 249.700 (el 66,5%) tenía un grado I (los más leves), y el 33,5% restante (125.900) lo formaban las de mayor gravedad (los grados II y III). Un año después, el total ha bajado el 16,2%, hasta las 314.700 personas, pero de ellas 193.800 tenían un grado I (un descenso del 22,4%), mientras que las que están en situaciones más graves habían bajado apenas un 4%, hasta las 120.900.

Hay otras evidencias; por ejemplo, en el último año, el número de personas en lista de espera con un grado I de dependencia ha descendido de manera continuada. Por contra, el número total de quienes tenían un grado mayor bajó de manera constante en el primer tramo (entre julio de 2016 y enero de 2017), mientras que a lo largo del primer semestre de 2017 incluso ha aumentado: eran 120.200 a principios de año y ya son 120.900. “Aparte lo injusto de la situación, que deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención, hay importantes repercusiones en clave de financiación”, destaca la asociación. En consecuencia -censuran- quienes menos se benefician de esa mejoría de la que “las Administraciones alardean” son quienes tienen mayor grado de dependencia, precisamente las primeras personas a quienes se aplicó la Ley de Dependencia, en atención a sus mayores requerimientos.

La segunda conclusión apunta al principal problema que ha tenido el desarrollo de la ley: la atención depende al tiempo de la Administración central y de las autonómicas. Al principio, la idea era que iban a compartir el gasto al 50%. Pero la realidad es que eso no es así y las comunidades corren con el grueso de los costes. El Estado central solo aporta 44,33 euros al mes por dependiente de grado I; 82,84 euros por el de grado II; y 177,86 euros por el de grado III. El resto del pago del servicio (salario de cuidador, centro de día u otras ayudas) las debe cubrir la comunidad autónoma. Las personas con grados II y III tienen unas mayores necesidades de apoyo y, por tanto, su atención resulta más costosa, así que “la razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos grados bien podría estar en la incapacidad financiera de prestarles los apoyos necesarios, mientras que la atención a los grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste”, argumentan los responsables de Servicios Sociales.

El ejemplo del impacto de esta situación es el de quienes fallecen esperando la ayuda: 40.000 en 2016, según los datos oficiales. La asociación calcula que este año serán otras 34.000. Algo que solo se revertirá -avisan- si se abordan las “urgentes necesidades financieras” para las más de 300.000 personas en lista de espera.